En medio de la indignación nacional provocada por una grave denuncia de abuso sexual infantil en un jardín infantil adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, elevó una polémica propuesta: instaurar la pena de muerte para violadores y asesinos de niños. La petición fue realizada tras confirmarse el caso de una niña de tres años que, según denuncias, fue víctima de abuso sexual en el centro infantil Parques de Canadá, ubicado en el barrio Buenos Aires, localidad de San Cristóbal Sur (Bogotá).
Margie Espinel, madre de la menor y con 26 años de edad, narró con precisión cómo el 28 de abril su hija decidió contar lo ocurrido, lo que la llevó a buscar atención médica y psicológica inmediata, proceso con el que se confirmó que la niña habría sido víctima de tocamientos de carácter abusivo.
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De acuerdo con las autoridades, el presunto agresor, un hombre de 36 años, fue capturado en una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. La Fiscalía informó que será presentado ante un juez de control de garantías para imputarle los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, entre otros cargos.
El caso no solo causó consternación por la gravedad de los hechos, sino por la supuesta falta de diligencia del jardín infantil. Margie Espinel afirmó que “las directivas del centro zonal jamás les dijeron a las familias que este hombre haría parte del personal”. La madre señaló además que el acusado continuó atendiendo niños luego de la denuncia, lo que generó mayor alarma entre los padres de familia.
Las sospechas sobre la magnitud del caso crecen con el paso de los días. Hasta el momento, se han formalizado al menos tres denuncias, aunque se presume que podrían existir hasta doce menores afectados. Muchos padres han acudido a hospitales para someter a sus hijos a exámenes que descarten daños adicionales, mientras piden medidas urgentes para capturar y procesar al presunto agresor.
Ante esta situación, el senador Jota Pe Hernández publicó un video en su cuenta de la red social X, en el que exigió medidas drásticas contra los responsables de delitos sexuales contra menores.
En su mensaje, escribió con muchas frases en mayúsculas: “PENA DE MU#RT# PARA Vl0LAD0RES Y ASESlN0S DE NlÑ0S!! Sueño que algún día, el Congreso y La Corte Constitucional, avancen en ese cambio que merece la Constitución, para que Vl0LAD0RES Y ASESlN0S DE NlÑ0S, no sigan siendo premiados con la cárcel, PENA DE MU#RT#! (sic)”.
Durante su intervención en el Congreso, fragmento que compartió junto a su mensaje, el senador compartió su descontento frente al sistema penal colombiano.
“Un violador y un asesino de niños. Lo único que merece es estar 50 metros bajo tierra. La pena de muerte es lo que merecen estos miserables que tienen ese corazón endemoniado”, afirmó.
En su declaración también expresó su frustración por lo que considera un sistema permisivo: “Yo sueño con que algún día la Corte Constitucional y el Congreso de la República se unan para hacerle ese gran regalo a Colombia. Y es que los abusadores y asesinos de niños no sean premiados con la cárcel, porque seguramente este violador ahora se irá a una cárcel, a dormir gratis, a comer gratis, a tener servicios gratis, pago incluso con los impuestos que pagan los padres de esos niños que fueron dolorosamente abusados”.
El senador también mencionó que Colombia ha sido testigo de múltiples casos de abuso y asesinato de menores, y lamentó que este patrón de violencia persista: “Tristemente, quizás siga sucediendo mientras acá en este país no hagamos una reforma constitucional”.
Además, Hernández hizo énfasis en lo que, según él, es una falta de firmeza institucional: “¿Por qué la Corte Constitucional se ha parado firme en defensa de la violencia contra los males, la cual aquí hemos votado, pero no se para firme a la hora de fijar una postura fuerte contra estos miserables?”, se preguntó.
La propuesta del senador se enmarca en un contexto legislativo complejo. En Colombia, la pena de muerte está prohibida por la Constitución de 1991, la cual establece el derecho a la vida como inviolable. Para modificar esta disposición, se requeriría una reforma constitucional, lo que implicaría superar múltiples debates jurídicos, éticos y políticos, además de la aprobación por parte del Congreso y la Corte Constitucional.
Mientras tanto, la comunidad en San Cristóbal Sur permanece conmocionada. Las protestas y exigencias de justicia por parte de los familiares no cesan.
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