El Consejo de Ministros que el presidente Gustavo Petro ha decidido transmitir por canales públicos y privados, pese a la reciente prohibición del Consejo de Estado, sigue siendo el escenario de rendición de cuentas del Gobierno nacional.
De hecho, durante la más reciente transmisión adelantada en la noche del 5 de mayo, el Ministerio de Defensa reveló que la extracción ilegal de oro continúa siendo uno de los principales factores en el financiamiento de actividades criminales en Colombia.
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La viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Juliana Coronado, presentó detalles preocupantes sobre el alcance internacional de esta problemática, evidenciando cómo el oro obtenido de manera ilícita en el país alimenta mercados en al menos once naciones, entre ellas Estados Unidos, Emiratos Árabes, China, Suiza, India y España.
Esta actividad, aunque ligeramente reducida en comparación con el año anterior, sigue afectando a amplias zonas del territorio nacional.
En su declaración, Coronado señaló que 306 municipios distribuidos en 23 departamentos de Colombia están siendo impactados actualmente por esta práctica, según datos de la Policía Nacional.
Aunque se registró una disminución del 5% respecto al año previo, la extracción ilegal de oro continúa representando una problemática de alta prioridad.
Durante su intervención, explicó cómo este metal precioso se transporta mediante rutas aéreas, terrestres y fluviales hacia países como Panamá, Brasil y Turquía, utilizando métodos de ocultamiento que incluyen joyas y lingotes escondidos dentro de maletas.
Pero el destino del oro ilícito no se limita únicamente a su exportación; las cifras también evidencian la existencia de una robusta red interna que facilita su comercialización.
De acuerdo con la presentación de la viceministra, 185 compraventas de oro están registradas en el país, de las cuales al menos 19 están directamente involucradas en actividades de lavado de dinero.
Según la funcionaria, estas operaciones suelen aprovecharse de mineros artesanales o de subsistencia como intermediarios, lo que les permite disfrazar esta actividad bajo una estructura aparentemente legal.
“El precio del oro, que se cotiza en el mercado nacional en aproximadamente 420 millones de pesos por kilo, ha alcanzado también cifras récord en Estados Unidos (USD 93.000) y Europa (EUR 92.159)”, se proyectó durante su presentación, destacando el atractivo financiero que estas redes encuentran en el tráfico de este valioso recurso.
Más allá del impacto financiero, la viceministra enfatizó en el papel de la fuerza pública para combatir esta y otras actividades delictivas que fomentan la violencia en el país.
Coronado recalcó la necesidad de un enfoque integral, en el que un tercio de los esfuerzos recaiga en operativos policiales y militares y el otro 70 % en acciones coordinadas entre diversas instituciones estatales.
En sus palabras, “nos centramos en el objetivo número uno de su política: proteger la vida y proveer condiciones de seguridad y protección”, destacando que la estrategia también incluye el fortalecimiento de capacidades internas y la cooperación internacional para enfrentar el crimen transnacional.
El análisis presentado durante el consejo también resaltó la importancia de las alianzas internacionales para combatir el tráfico de oro ilegal, un delito que, según las autoridades, tiene repercusiones no solo para Colombia sino para los destinos finales a los que llega este mineral.
De acuerdo con el gráfico mostrado, gran parte del oro extraído ilícitamente se direcciona hacia mercados que registran precios récord, convirtiéndolo en una especie de refugio económico para inversionistas en tiempos de crisis, lo que también contribuye al interés de las redes delictivas.
Para enfrentar esta problemática de manera efectiva, la presentación insistió en la relevancia de aplicar estrategias que combinen investigación y persecución de las redes criminales con un fortalecimiento de las capacidades estatales.
La funcionaria destacó que “la afectación a la criminalidad está ligada al fortalecimiento de las capacidades, a la focalización de esfuerzos mediante análisis estratégicos y al impulso de alianzas bajo la corresponsabilidad y la cooperación internacional” como componentes esenciales de la lucha contra el crimen organizado.
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