La política fiscal y monetaria colombiana volvió al centro del debate tras una controversial declaración del presidente Gustavo Petro, que responsabilizó al Banco de la República de incrementar el gasto público por mantener elevadas las tasas de interés.
La afirmación generó reacciones inmediatas de diversos sectores, especialmente entre economistas, exfuncionarios y analistas que desmintieron al mandatario y le recordaron que el verdadero responsable del crecimiento del gasto público es su propio Gobierno.
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Una de las voces más críticas fue la de Wilson Ruiz, exministro de Justicia, que no dudó en calificar a Petro como un “pésimo economista”.
“Increíble cómo Gustavo Petro, además de descarado, es un pésimo economista. ¿No entiende que el gasto público se dispara por su despilfarro? Ahí están los 350 mil millones para que los indígenas marchen. ¡Aprenda a manejar la plata y deje de culpar a otros!”, escribió Ruiz en su cuenta de X, en referencia a recursos asignados por el Gobierno para financiar movilizaciones de comunidades indígenas.
La crítica de Ruiz fue una reacción directa a una publicación del presidente, en la que afirmó: “Quien aumenta el gasto público en Colombia es el Banco de la República con su alta tasa de interés. Es la deuda interna la que aumenta como gasto público, y ésta está determinada por la tasa de interés que impone el Banco de la República. Por eso no la bajan. No permiten desahogar financieramente al gobierno y paralizan la economía nacional. Es simplemente una posición política“.
Estas declaraciones generaron preocupación en distintos sectores, no solo por su contenido, sino por lo que implican para la autonomía del Banco de la República y la percepción de los inversionistas frente a la estabilidad institucional del país.
José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), también desmintió públicamente al presidente Petro: “Es falso que el Banco de la República es responsable del aumento del gasto público. El Gobierno está gastando, excluyendo el pago de intereses, en niveles históricos, solo similares a la pandemia”, explicó en sus redes sociales.
En la misma línea, el exministro de Hacienda y de Comercio, Juan Camilo Restrepo, cuestionó la lógica económica de Petro, señalando un error conceptual grave: “Confundimos causas con consecuencias Presidente!!! . Es el exceso de demanda (incluido el exceso en gasto público) sobre la oferta, lo que genera la inflación y lleva a que se modifiquen las tasas de interés de intervención de política monetaria para controlar el aumento de precios.”
Restrepo añadió que la propuesta implícita del presidente —bajar las tasas para reducir el gasto— es una distorsión de la política económica: “Si así fuere, un país podría gastar infinitamente y simplemente habría que tener tasas de interés negativas para permitirlo, cosa que llevaría al absurdo la teoría económica porque conduce a mucha más inflación y fuga de capitales. Es llevar la economía a hiperinflación y desconfianza.”
Para el exministro, el presidente no solo comete un error económico, sino que también pone en riesgo la credibilidad institucional: “Su teoría supedita la política monetaria a la política fiscal, y por ende comete un error de bulto en ambas políticas. Cargarle al Banco la responsabilidad del gasto público es una forma de eludir el debate de fondo: la sostenibilidad fiscal y el respeto por las decisiones técnicas que velan por la estabilidad de precios.”
El Banco de la República actúa con cautela
En medio del debate, el Banco de la República mantuvo su postura técnica y prudente. En su última reunión, la Junta Directiva decidió reducir en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, pasándola del 9,5% al 9,25%, una decisión tomada de manera unánime.
El Banco también explicó que la inflación anual pasó de 5,3% en febrero a 5,1% en marzo, y que la inflación básica –la que excluye alimentos y regulados– también continúa su descenso, ubicándose en 4,8%. Estos datos justifican un ajuste progresivo y medido en las tasas, que busca estimular la economía sin perder de vista el control de precios.
La polémica también reaviva la preocupación sobre el rumbo fiscal del país y la necesidad de mantener la autonomía de las instituciones económicas para garantizar la estabilidad y la confianza tanto a nivel nacional como internacional.
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