Antioquia pagará $500 millones de recompensa por responsables de atentados terroristas en el departamento

Luego de que Antioquia se convirtió en el blanco de una serie de atentados criminales contra la fuerza pública, incluido el registrado en la mañana del miércoles 30 de abril en Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció el aumento de la recompensa para quienes proporcionen información certera que permita la captura de los responsables.

De acuerdo con Rendón, la cifra pasó de $200 a $500 millones, en un esfuerzo por frenar la escalada de violencia que afecta a la región.

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Esta revelación se realizó durante un homenaje a los policías y soldados que han sido asesinados en medio del llamado “plan pistola” en esta zona del país. Asimismo, reconocieron la labor de quienes continúan en las filas combatiendo a los terroristas.

El homenaje, llevado a cabo en el primer piso de la Gobernación de Antioquia, reunió a autoridades, ciudadanos y políticos, quienes expresaron su apoyo a las fuerzas de seguridad y su rechazo a la violencia.

“Ante el abandono que hoy vive la Fuerza Pública de parte del Gobierno Nacional, en Antioquia arropamos a nuestros Soldados y Policías. Su espíritu de servicio y sus actos valerosos merecen toda nuestra gratitud y reconocimiento”, escribió el gobernador Rendón, a través de sus redes sociales.

Por su parte, el alcalde de Medellín, que también participó del evento, afirmó vía X: “Junto al Gobernador @AndresJRendonC rendimos homenaje a nuestra Fuerza Pública. Hoy quiero enviar un mensaje a todos nuestros Policías y Militares: no están solos. Nosotros estamos con ustedes, del lado correcto de la historia. Todo nuestro respeto, respaldo y admiración a ustedes. Los acompañamos en esta lucha por la seguridad y la vida de todos los colombianos (sic)”.

Durante el acto, se rindió tributo a los seis uniformados asesinados en el cumplimiento de su deber. Entre ellos se encuentran los patrulleros Rubén Darío Velásquez, Lenin Rafael Suárez y el subintendente Nelson Cárdenas, así como los militares Janier Andrés Mosquera, Daniel de Jesús Velásquez y César Aldineber Ortiz Muñoz.

El gobernador Andrés Julián Rendón destacó el sacrificio de estos hombres y mujeres, afirmando que entregan su vida al servicio de los demás. “Que Dios los guarde y los acompañe siempre”, expresó el mandatario.

El evento también sirvió para recordar los recientes episodios de violencia en municipios como Salgar, Remedios, Chigorodó, Carepa, San Pedro de los Milagros, Tarazá y ahora Caucasia, donde la situación de orden público sigue siendo crítica.

En este contexto, se exaltó la labor de tres uniformados que respondieron a un ataque terrorista en el municipio de Remedios, entre ellos Valentina Mesa, una patrullera de tan solo 20 años que fue reconocida por su valentía al enfrentar la situación.

En medio de arengas en favor de la fuerza pública, también se escucharon críticas hacia decretos presidenciales que, según algunos asistentes citados por Blu Radio, limitan las operaciones contra grupos armados responsables de esta ola de violencia, como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Reinel Suárez, sargento primero en retiro, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que derogue normativas que, según él, brindan impunidad a estos grupos. “Exigirle al presidente que permita el actuar de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que les permita cumplir con su misión constitucional”, declaró Suárez.

Por su parte, Andrés Caro, representante de la mesa de derechos humanos, destacó la importancia de respetar la vida, la seguridad y la libertad de las personas, derechos fundamentales consagrados en la Constitución. “Esos son los derechos que hoy reclamamos”, afirmó Caro.

Finalmente, la concejala Claudia Carrasquilla destacó la relevancia de realizar este tipo de llamados desde Medellín, “una ciudad que ha sufrido históricamente los embates de la violencia”.

Es de señalar que, en las últimas semanas, al menos 28 uniformados han sido víctimas del macabro “plan pistola” en todo el país, el cual ha sido implementado por grupos armados al margen de la ley como una estrategia de ataque directo contra la fuerza pública.