En una acción institucional, la organización Veeduría Internacional, de la cual hace parte la Red de Veedurías de Colombia, emitió una alerta formal dirigida a las autoridades de Colombia y Panamá con el propósito de advertir sobre posibles irregularidades contractuales dentro de la filial panameña de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), compañía de origen colombiano.
La comunicación oficial fue expedida el 28 de abril de 2025 y firmada por Pablo Bustos Sánchez, que actúa como coordinador internacional de la plataforma Veedores Sin Fronteras.
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El objeto de la denuncia está vinculado directamente con el proceso de contratación para la rehabilitación, mejora y mantenimiento de un tramo estratégico de la Carretera Panamericana Este (CPE), una obra de 750 kilómetros de extensión que representa una inversión aproximada de USD300 millones (más de un billón de pesos).
Este proyecto es considerado uno de los más relevantes del sector infraestructura vial en Panamá, tanto por su magnitud como por su impacto en el sistema de transporte interurbano, pues atraviesa varias provincias del este panameño, como Panamá Este, Darién y zonas próximas al tapón del Darién.
En la misiva, la Red de Veedurías señala que recibió información proveniente de diversos contratistas de obras civiles, tanto colombianos como panameños, que mostraron su inconformidad ante funcionarios del Gobierno panameño por la manera en que la filial de ISA habría conducido la fase de preselección de los posibles ejecutores del proyecto.
Según se indica en el texto, los procesos habrían estado caracterizados por una aparente falta de transparencia y posibles favorecimientos indebidos.
“Llama la atención sobre el proceso contractual que ha ganado por la empresa ISA en Panamá, donde eh tras los cuestionamientos frente a la adjudicación del mismo, se hace necesario llamar la atención frente a la ejecución de ese contrato a efectos de que se liberen los postulados de libre concurrencia para selección objetiva de las personas o entidades que vayan a ejecutar a nombre de esta, un proyecto de gran magnitud en Panamá”, indicó Pablo Bustos desde un video en el que abordó el tema de misiva.
El contrato en cuestión fue adjudicado por el gobierno panameño durante la gestión anterior. No obstante, tras la posesión del nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y en paralelo con el cambio en la alta dirección de ISA, el proyecto fue objeto de un proceso de revisión.
Tanto el nuevo gobierno como la renovada administración de la empresa iniciaron una evaluación detallada del procedimiento, con el objetivo de identificar eventuales direccionamientos que podrían haberse presentado durante la fase de estructuración del contrato.
En esa misma línea, el pronunciamiento invita a que se garantice la transparencia en las etapas posteriores del proceso, particularmente en lo que respecta a la adjudicación definitiva y ejecución de la obra.
Uno de los señalamientos específicos contenidos en la carta advierte sobre un presunto direccionamiento que favorecería a una empresa específica, en este caso Ohla —compañía internacional de origen español dedicada a la construcción y la ingeniería civil—.
En el escrito se menciona que, “ISA realizó procesos de selección para obtener información de los distintos contratistas, en cuanto a precios, plazos y metodologías. Sin embargo, el proceso, al parecer, está llamado a beneficiar a la empresa Ohla, misma que se estaría viendo salpicada en medio de los cuestionamientos reputacionales relevantes que parecería están siendo ignorados”.
“Hasta el momento Colombia y las autoridades panameñas guardan silencio”, afirma el documento, lo que para la organización veedora representa una omisión frente a una posible conducta que podría derivar en responsabilidades institucionales.
Además, en el comunicado se pide la vigilancia directa sobre las actuaciones de Jorge Andrés Carrillo Cardoso, mencionando que las autoridades panameñas deben actuar “en el marco de su normativa en la prevención y lucha contra la corrupción; conforme lo establecen sus propias leyes para evitar que actos indebidos hagan carrera”.
No obstante, frente a las denuncias emitidas por la organización, la empresa panameña respondió afirmando que los contratos suscritos se ajustan a los estándares internacionales en materia de contratación, conforme a las leyes vigentes en cada uno de los países en los que desarrolla sus actividades.
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