Un contrato por $5.000 millones, destinado a la entrega de alimentos para víctimas de desastres naturales en Colombia, generó controversia debido a presuntos sobrecostos y posibles irregularidades. Según informó el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el convenio, firmado en 2023 con la fundación Pintando Huellas, incluyó precios inflados en servicios como almuerzos, refrigerios y alquiler de equipos, y fue supervisado por el ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla. Este caso se suma a otros escándalos de corrupción que han afectado al gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con Avendaño y el concejal de Bucaramanga Carlos Parra, los costos de los servicios contratados superaron hasta en un 400% los valores del mercado. Por ejemplo, los almuerzos empacados, conocidos como ‘corrientazos’, fueron cobrados a $91.000 cada uno, mientras que los refrigerios alcanzaron los $52.000 y las cenas tipo bufete se ofertaron por $121.000. Además, el contrato incluyó el alquiler de sillas plásticas a $19.000 por unidad, cuando su precio habitual ronda los $4.000, y la renta de tarimas a $5 millones por día, un costo significativamente mayor al promedio de $1,7 millones en el mercado.
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El contrato también contempló servicios de sonido con precios desproporcionados. Con base en lo divulgado por los denunciantes, una consola de sonido de 16 canales, cuyo costo en el mercado es de aproximadamente $476.000, fue contratada por más de $8 millones. Avendaño y Parra señalaron que estos sobrecostos reflejan un patrón de corrupción en el que las mismas fundaciones fachada, que operaron previamente en la capital del departamento de Santander bajo el pretexto de ayuda humanitaria, ahora extienden sus actividades a nivel nacional. “La conexión entre los contratos firmados por Pinilla y estas fundaciones sigue siendo parte de un entramado que afecta a las comunidades más vulnerables del país”, afirmaron.
El contrato fue gestionado a través de la Fiduprevisora, una entidad que opera bajo el derecho privado, lo que permitió la adjudicación directa del convenio a la fundación Pintando Huellas sin necesidad de licitación pública. De acuerdo con Avendaño, esta fundación ya había sido objeto de investigaciones previas debido a la asignación de contratos para atender a personas con discapacidad, a pesar de no contar con experiencia en el área. “En el marco de esta investigación, encontramos el contrato firmado por Sneyder Pinilla como supervisor de la Unidad”, explicó el congresista.
De igual modo, el representante denunció que no se realizó un análisis económico de los precios del mercado, lo que permitió al contratista establecer los costos de manera arbitraria. Además, señaló que el contrato estaba diseñado para ejecutarse hasta agotar los recursos asignados, sin un control adecuado. Uno de los eventos vinculados al convenio incluía la entrega de carrotanques de la Ungrd, lo que, según Avendaño, evidencia la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
En total, se identificaron 74 ítems con sobrecostos dentro del contrato. Avendaño explicó que la declaratoria de calamidad, utilizada como justificación para realizar contrataciones exprés, carecía en algunos casos de sustento técnico, lo que facilitó la adjudicación directa de los convenios. “Se termina contratando de manera directa bajo el pretexto de la emergencia, pero sin los análisis necesarios”, concluyó el representante.
Este caso se suma a una serie de denuncias que han puesto en el centro del debate la gestión de recursos públicos destinados a atender emergencias en Colombia. La supervisión de Sneyder Pinilla, que ya está involucrado en otros escándalos de corrupción, y la participación de la Fiduprevisora como intermediaria, han generado cuestionamientos sobre la transparencia y la eficacia de los mecanismos de contratación en situaciones de calamidad.
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