El asesinato de al menos nueve militares y el secuestro de otros cinco en el departamento del Guaviare, atribuido a las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, reavivó las críticas hacia la política de paz total promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el exfiscal general Francisco Barbosa, esta estrategia gubernamental ha generado un aumento en la criminalidad y ha debilitado la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad del país.
Barbosa, que ocupó el cargo de fiscal general durante un periodo de tensiones institucionales con el actual mandatario, calificó la política de paz total como “criminalidad total”. En declaraciones recientes, afirmó que esta iniciativa ha permitido que “bandidos delinquen a sus anchas”, aludiendo a la suspensión de órdenes de captura contra algunos líderes de estructuras criminales. Según expresó el exfiscal a través de X, estas medidas han incentivado una escalada de violencia contra la Fuerza Pública, debilitando su capacidad operativa y dejando al país en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos armados.
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En un mensaje dirigido al panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, Barbosa enfatizó la necesidad de un cambio en la estrategia de seguridad. Propuso que, a partir del 7 de agosto de ese año, se devuelva la iniciativa al Ejército y se priorice la judicialización de los responsables de actos criminales. “Para ellos ni una concesión, solo justicia”, declaró el exfiscal, subrayando su postura de cero tolerancia hacia los grupos armados ilegales.
El exfiscal también recordó que su confrontación con el presidente Petro tuvo como eje central la oposición a la política de paz total. Según sus palabras, desde un inicio advirtió que premiar a los delincuentes con concesiones legales y políticas desataría una ola de violencia que afectaría directamente a las fuerzas de seguridad y, por ende, a la población civil. En este contexto, Barbosa reiteró que la estrategia actual del Gobierno ha generado un ambiente de impunidad que favorece a los cabecillas de estructuras criminales.
El asesinato de los militares y el secuestro de otros cinco en el Guaviare se suma a una serie de episodios violentos que han puesto en entredicho la efectividad de la política de paz total. Este enfoque, que busca negociar con diversos actores armados en el país, ha sido objeto de críticas por parte de sectores políticos y sociales que consideran que las concesiones otorgadas a los grupos ilegales han debilitado el Estado de derecho y la seguridad nacional.
Las declaraciones de Barbosa reflejan una creciente polarización en torno a las políticas de seguridad y paz en Colombia. Mientras el Gobierno defiende su estrategia como un intento de poner fin a décadas de conflicto armado, opositores como el exfiscal argumentan que estas medidas han tenido el efecto contrario, fortaleciendo a los grupos armados y aumentando la percepción de inseguridad en el país.
Es preciso destacar que el GAO Residual Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá, ha generado una fuerte conmoción en el país, especialmente porque esta estructura hace parte de las Disidencias de las Farc y, al mismo tiempo, participa en una mesa de diálogo con el Gobierno nacional en el marco de la política de Paz total. El incidente pone en entredicho los avances de este proceso y evidencia los desafíos de negociar con grupos armados activos.
La reciente emboscada ocurrida en el Guaviare se suma a una serie de hechos violentos que han cobrado la vida de al menos 18 miembros de las fuerzas armadas en el desarrollo de un llamado plan pistola, presuntamente ordenado por las disidencias de las Farc. En total 24 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han sido asesinados.
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