La Justicia Especial para la Paz (JEP) acreditó como víctimas a once exmilitares del Ejército Nacional que resultaron heridos por minas antipersona entre 1997 y 2014.
Este reconocimiento, realizado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, abarca hechos ocurridos en los municipios de Dabeiba, Turbo y Apartadó, en el departamento de Antioquia, en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá.
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En una decisión trascendental, la JEP determinó que estos exmilitares, quienes resultaron lesionados por el uso de minas antipersona, fueron víctimas de un sufrimiento físico y emocional significativo. A través de la presentación de sus relatos, pruebas sumarias y documentación complementaria, los militares acreditaron que las explosiones de estos artefactos les ocasionaron lesiones permanentes, amputaciones y traumas severos, los cuales han alterado sus vidas de manera irreversible.
La JEP destacó que, además de las víctimas directas, varios de los exmilitares solicitaron el reconocimiento de sus seres queridos como víctimas indirectas, dada la gravedad de las secuelas físicas y emocionales que estos hechos generaron en sus familias. Así, en total, 23 personas fueron reconocidas como víctimas en el marco del Caso 04.
El impacto de las minas antipersona en Urabá
La JEP subrayó que el uso de minas antipersonal es una grave violación al derecho internacional humanitario (DIH), además de estar prohibido por la legislación colombiana debido a su naturaleza indiscriminada y el sufrimiento innecesario que ocasionan. Este tipo de artefactos, que no distinguen entre combatientes y civiles, ha dejado huellas profundas de dolor en la región de Urabá, afectando tanto a miembros de las fuerzas armadas como a la población civil.
La región de Urabá, históricamente marcada por el conflicto armado, ha sido uno de los lugares más golpeados por el uso de estos artefactos explosivos, que han mutilado y traumatizado a miles de personas. Es por ello que, el auto emitido por la JEP resalta la importancia de la reparación y el reconocimiento de la dignidad de quienes han sufrido directamente la barbarie del conflicto armado.
La magistratura también hizo un llamado a la ciudadanía y las instituciones del país, para que se unan en un gesto de solidaridad con las víctimas y se reconozca el sufrimiento causado por las minas antipersona.
Acciones y órdenes emitidas por la JEP
El auto que acredita a estas víctimas también incluye varias órdenes y directrices para avanzar en la reparación y el esclarecimiento de los hechos. La JEP solicitó a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre las investigaciones en curso relacionadas con las minas antipersona en Urabá.
Además, se ordenó al Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP realizar la georreferenciación de los lugares donde ocurrieron los incidentes, con el fin de mejorar la precisión y el alcance de las investigaciones.
En cuanto a la atención de las víctimas, la Sala de Reconocimiento de Verdad instó a la Secretaría Ejecutiva y otras dependencias de la JEP a integrar esta decisión en el proceso de atención integral y restaurativa para las víctimas acreditadas, haciendo una caracterización diferencial de los daños sufridos.
Cabe recordar que, en medio del Caso 04, que cubre los hechos ocurridos entre 1986 y 2016, la JEP ha identificado a diversas víctimas, incluidos líderes de la Unión Patriótica, pueblos indígenas embera katío y embera chamí, comunidades afrocolombianas, campesinas y activistas sociales, quienes también han sido afectados por la violencia armada en la región.
En cuanto a los presuntos responsables de los hechos, la JEP ha relacionado con los miembros del Bloque José María Córdoba de las Farc con las minas antipersonal, así como a la Séptima Brigada del Ejército.
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