En medio de una de las investigaciones por corrupción más sonadas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación anunció un nuevo avance en el caso que compromete a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Esta vez, el foco está sobre María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, que será imputada por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
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La funcionaria ha sido pieza clave en las declaraciones que han permitido abrir nuevas líneas de investigación, no solo contra su antiguo jefe, Ricardo Bonilla, sino también contra otros altos funcionarios del Gobierno.
El “enlace” entre Hacienda, la Ungrd y el Congreso
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación contra Benavides, señalada por varios testigos como el “puente” entre el Ministerio de Hacienda, la Ungrd y congresistas que habrían buscado contratos a través de la entidad. De acuerdo con la investigación, este entramado permitió el direccionamiento irregular de al menos tres contratos por un valor de $92.000 millones en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.
Estos recursos, según la Fiscalía, habrían sido utilizados para comprar votos de congresistas integrantes de la Comisión de Crédito Público, con el fin de aprobar créditos requeridos por el Gobierno nacional. María Alejandra Benavides, que colaboró con la justicia en calidad de testigo, entregó información que ha implicado a varios funcionarios, entre ellos al actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a directivos del Instituto Nacional de Vías (Invías), como Juan José Oyuela.
En sus declaraciones, Benavides aseguró que “el ministro Velasco también estaba sugiriendo que se buscara otro camino, y él también me estaba diciendo que era vía Unidad de Gestión de Riesgo”. De acuerdo con su testimonio, las demoras desde Invías para cumplir las órdenes del ministro habrían generado presión sobre ella para actuar: “Él (Oyuela) respondía cuando podía y tenía reuniones”.
La presión del Congreso y el rol del exministro Bonilla
En los audios revelados por la revista Semana, se escucha a Benavides narrar el ambiente de tensión y presión que se vivía entre los funcionarios del Ministerio de Hacienda para lograr que los créditos fueran aprobados por el Congreso. En sus propias palabras, aseguró que el entonces ministro Ricardo Bonilla “se le acababa el tiempo y que algo había que hacer”.
Ella misma describe su papel dentro de ese esquema: “Yo era la que recibía la presión del Congreso y me decían: ‘no están saliendo, no los han contactado, no los han llamado, no los han buscado, no se ha hecho nada, eso no va a ser en este año‘. María Alejandra, hazlo, y yo le decía al ministro que yo lo hacía”.
En sus declaraciones también abordó la dinámica de los denominados “cupos indicativos”, que eran asignados a cambio de apoyo parlamentario: “Esos cupos indicativos se daban a cambio de créditos (inaudible), esos cupos eran en pro de garantizar la gobernabilidad”, afirmó.
En ese contexto, explicó que dichos cupos eran parte de una estrategia para asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del ministerio, como el Presupuesto General de la Nación o reformas tributarias.
La audiencia y un eventual principio de oportunidad
Con la solicitud de audiencia de imputación formalmente radicada, solo resta que la Judicatura defina la fecha y el juzgado de control de garantías que llevará el proceso. La Fiscalía no descarta que esta imputación abra la puerta a un eventual principio de oportunidad para Benavides Soto, lo que significaría que podría recibir beneficios judiciales a cambio de seguir colaborando con la justicia.
De llegar a concretarse dicho principio, la exasesora podría entregar más detalles que ayuden a esclarecer la magnitud del escándalo de corrupción en la Ungrd, que ha salpicado a figuras cercanas al Palacio de Nariño.
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