Audiencia de Nicolás Petro por presunto ingreso de dineros ilegales a campaña del presidente fue aplazada para el 19 mayo: este es el motivo

El 22 de abril de 2025, la audiencia judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, que se adelanta en la ciudad de Barranquilla, fue aplazada por decisión del juez Hugo Carbonó.

Según informó el magistrado, la reprogramación responde al fallecimiento de un familiar cercano y otros asuntos personales.

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La nueva fecha quedó establecida para el próximo 19 de mayo, a las 8:30 a. m. La defensa de Nicolás Petro, la fiscal del caso, Lucy Laborde, y la representante de la Procuraduría estuvieron de acuerdo con la decisión del juez.

Este cambio en el cronograma judicial se produce en medio de un proceso que captó la atención pública debido a las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pesan sobre el exdiputado del departamento del Atlántico.

¿Qué pasó antes de que se aplazara la audiencia?

Alejandro Carranza, abogado defensor, retiró su solicitud de llevar a juicio las declaraciones que el exdiputado del Atlántico dio cuando estaba negociando con las autoridades colombianas un principio de oportunidad para colaborar en el proceso judicial.

El propósito de la defensa es que no sean estimadas por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que enfrenta su cliente y que, en cambio, se tenga en cuenta un acta, que demuestre que hubo un principio de oportunidad fallido. Esto probaría que las declaraciones que él dio no las entregó para confesar ni para autoincriminarse.

“La defensa le ha dicho, su señoría, que este acto no puede ser usado contra el procesado, pero observamos que la Fiscalía le solicitó que se ingresara a juicio esas declaraciones, entonces surge esa necesidad que haya una valoración clave y plantear la ilicitud de pruebas derivadas de un principio de oportunidad fallido”, insistió el abogado al juez.

Carranza radicó una petición para que se tenga en cuenta la resolución del 10 de marzo de 2023 sobre la conformación del grupo de tareas especiales por parte de la entonces vicefiscal general Martha Mancera. A juicio del litigante, la medida “evidenciaría irregularidades en el origen de la investigación”, serviría “para revisar si había conflicto de interés entre los fiscales del caso”.

De igual manera, sostuvo que el recurso facilita la identificación de irregularidades, además de “revisar si hubo abuso de la Fiscalía, si no hubo actos administrativos para designar el fiscal como correspondía y si esas actuaciones pudieron ser raíces de frutos envenenados en el caso”.

Así las cosas, la estrategia de la defensa del hijo mayor del presidente de la República es clara, demostrar que hubo un sesgo institucional a lo largo del proceso.

Carranza también pretende que se acepte como material probatorio un documento entregado por Tigo Colombia para demostrar que el número de teléfono con el que supuestamente se acordaron los millonarios insumos para la campaña presidencial de Petro no estaba registrado a nombre de Nicolás Petro.

“Buscamos acreditar que este número de teléfono que aparece allí no era de portabilidad del señor Nicolás Petro y que luego hubo mensajes que desde allí se enviaron a nombre de él, pero no era él”, puntualizó.

Así mismo, solicitó que para el juicio se incorpore el testimonio de Santander Lopesierra o El Hombre Marlboro con el fin de demostrar que hubo inconsistencia y manipulación de una supuesta financiación a la campaña presidencial, con la que, su defendido fue relacionado con delitos como enriquecimiento ilícito.

A propósito , la defensa aseguró que las denuncias formuladas por Day Vásquez, testigo principal del caso y expareja de Petro Burgos, estarían motivadas por condiciones emocionales alteradas más que por la intención de revelar hechos delictivos.