El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, compareció ante la Corte Suprema de Justicia el martes 22 de abril, llamado como testigo en la investigación que involucra a varios congresistas por supuestas transacciones a cambio de apoyos legislativos.
Su presencia estuvo relacionada con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en medio de señalamientos por el presunto uso de contratos para asegurar votos favorables a proyectos del Gobierno en el Congreso.
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Durante su llegada al Palacio de Justicia, Bonilla declaró ante los medios que “hoy, vengo a la Corte porque la justicia me ha convocado, vengo en carácter de testigo a dar testimonio de algunos hechos. Estoy tranquilo, yo como ministro me desempeñé igual que los ministros anteriores, cumpliendo unas funciones que están claramente establecidas por decreto”.
El exfuncionario respondió a los señalamientos que lo relacionan con una supuesta red de entrega de recursos a legisladores a través de la UNGRD. La hipótesis que se investiga plantea que los congresistas de la Comisión de Crédito Público habrían recibido beneficios contractuales a cambio de su apoyo político.
En medio de esa discusión, Bonilla enfatizó que su cartera no tiene competencias para gestionar directamente ese tipo de contratos.
Aclaró que “en las funciones del organigrama institucional del país, el Ministerio da el presupuesto y asigna al final la caja, pero no es ejecutor. El Ministerio no ejecuta, de tal manera que el MinHacienda no es ordenador del gasto de ninguna entidad, no contrata y no se relaciona con contratistas”.
En la misma línea, subrayó que su papel como jefe de cartera no incluía la ejecución de recursos, y explicó el alcance del Ministerio de Hacienda dentro del aparato estatal: “por arquitectura institucional, ustedes deben entender que el Ministerio de Hacienda es el garante de política monetaria, cambiaria, fiscal y arancelaria”.
La diligencia de Bonilla se produjo en el marco de las pesquisas que adelanta la Corte Suprema contra varios congresistas, quienes también han sido llamados a rendir versión por su presunta participación en acuerdos con funcionarios del Gobierno para la asignación de recursos desde la UNGRD. De este fondo salieron $700 mil millones, monto que habría sido usado en parte para favorecer a legisladores.
Además de los registros administrativos, en el expediente reposa el testimonio de María Alejandra Benavides, exasistente de Bonilla, quien declaró que el exministro estaba al tanto de todo lo que ocurría. Según su versión, nada se movía sin su autorización.
También se conoció una orden interna, revelada por el medio Semana, en la que Bonilla supuestamente autorizó a Benavides y al entonces viceministro Diego Guevara para adelantar negociaciones con los legisladores. Esos intercambios estarían bajo análisis judicial por su relación con la entrega de contratos.
Bonilla insistió en que su comparecencia se dio como testigo, y reiteró su disposición a colaborar con la justicia en lo que le sea requerido. La investigación continúa en curso, con nuevas citaciones previstas para los próximos días.
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