El Gobierno de Gustavo Petro, por medio del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, presentó, el 22 de abril, las 12 preguntas de la consulta popular con las que se quiere sacar adelante el proyecto de reforma laboral, que ya fue rechazado en dos ocasiones por el Congreso de la República, que argumentó que no genera empleo, genera sobrecostos laborales y no ataca la informalidad.
Dentro de este grupo de preguntas están, entre otras, si ¿está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? También, si ¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
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Por supuesto, expertos en el asunto analizaron las mismas y dejaron entrever que estas, así como las diez restantes, carecen de sustento técnico. Por lo menos, así lo afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture. La dirigente gremial señaló que, a falta de que las presenten formalmente, carecen del sustento técnico que requiere una reforma laboral, ya que se presentaron sin las complejidades e implicaciones para todos los colombianos.
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Al respecto, precisó tres puntos que le parecen relevantes e importantes:
- Riesgo institucional: la vía de la consulta podría vulnerar el principio democrático, al no garantizar una participación deliberativa adecuada, como sí lo permiten los debates en el Congreso, escenario natural para este tipo de reformas.
- Impacto económico: las propuestas implican la no viabilidad de las empresas, al establecer mayores costos y poner en riesgo la pérdida de empleo de muchos colombianos.
- Incoherencia fiscal: el alto costo estimado de esta consulta no es coherente con la actual situación fiscal del país, en un momento en que el Gobierno enfrenta deudas pendientes con el sistema de salud, energía y otras prioridades sociales urgentes, las cuales deben primar antes de la consulta.
“Es un momento para unirnos, para preservar la institucionalidad, evitar un mayor desajuste fiscal y proteger a las empresas que son la columna vertebral y que serían las más afectadas por esta iniciativa”, afirmó la líder gremial.
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Reiteró su disposición al diálogo. Además, resaltó que el camino debe ser de unas reformas que deben construirse con consenso, rigor técnico y responsabilidad fiscal, para que beneficien a los colombianos.
Consulta es egoísta
Por otro lado, el reconocido abogado Charles Chapman López criticó que el Gobierno impulsa una consulta egoísta, en contra de los más vulnerables del mercado laboral, desempleados, informales, inactivos. Precisó que se presentaron 12 preguntas y ni una sola es para lo que Colombia requiere, que es más empleo formal.
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“Mi única pregunta, que reemplaza a las del Gobierno, es: ¿Está de acuerdo en que se genere más empleo formal? SÍ, debe ser la prioridad”, manifestó el también empresario.
Señaló que sorprende la falta de empatía del Gobierno y de este presidente con los desempleados y con los informales: “Señor Presidente, hay casi 14 millones de informales, casi 3 millones de desempleados que buscan empleo y no tienen ingresos. Ya se le suma adicionalmente la gran parte de inactivos que tiene el mercado laboral”.
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Puntualizó que hoy en Colombia se da una migración y, por eso, es que crecen las divisas, porque aquí no hay oportunidades.
“Le quiero decir que su consulta es egoísta con los más vulnerables del mercado laboral, con esas personas que están migrando de Colombia por falta de oportunidades. Con esos que están en la calle sin ingresos o esos 14 millones que son informales. Señor Presidente, su consulta termina siendo egoísta”, finalizó Charles Chapman López.
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Falta de rigor en las preguntas
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, manifestó que aún para una consulta popular se necesita rigor. Apuntó que preguntar lo que ya existe en la ley o lo que es obvio, pero de pronto no conveniente económicamente, o inducir respuestas en función de un propósito político sin la adecuada deliberación no es una buena práctica. Tampoco, según él, es una buena práctica hacer preguntas que tienen efectos negativos para el país en caso de presentarse la respuesta más probable y obvia.
El exfuncionario dijo que, siguiendo la “lógica” que siguen las preguntas propuestas por el Gobierno, podrían proponerse otras preguntas absurdas, que tienen los mismos problemas de las que el Gobierno propone.
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Por ejemplo:
- ¿Está de acuerdo en que el Presupuesto Nacional no sea de $523 billones, sino de $800 billones para que haya más inversión social?
- ¿Está de acuerdo con que el Banco de la República baje las tasas al 0% y con ello el crédito ya no tenga costo?
- ¿Está de acuerdo en que las importaciones en Colombia no existan y con ello apoyar la producción nacional?
- ¿Está de acuerdo en que las empresas repartan la totalidad de sus utilidades a obras beneficias y sociales?
Y de paso, añadió que bien valdría la pena que el Gobierno, antes de inducir respuestas obvias, le pregunte a los colombianos si están de acuerdo en los efectos negativos de las decisiones que tomen en su propuesta de consulta popular. Por ejemplo:
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- ¿Está de acuerdo en que el desempleo aumente en 500.000 personas?
- ¿Está de acuerdo en que la informalidad laboral en Colombia aumente más y los trabajadores tengan contratos más inestables?
- ¿Está de acuerdo en que el crecimiento de Colombia baje y que se destruyan empresas?
- ¿Está de acuerdo en que las empresas internacionales se desincentiven a invertir en Colombia?
“El Senado debiese estudiar con rigor esta consulta porque no podemos abusar ni de los medios de participación constitucional, ni de las finanzas públicas para una consulta mal diseñada”, apuntó el exministro José Manuel Restrepo.
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