
La psicóloga Catalina Giraldo Silva murió por eutanasia en Bogotá el 9 de julio de 2026, después de 10 meses de recursos y negativas para acceder al suicidio médicamente asistido, una práctica despenalizada en Colombia desde 2022 pero todavía sin reglamentación para su aplicación.
Su caso llegó hasta la Corte Constitucional y se convirtió en el primero en plantear formalmente ante el sistema de salud esa modalidad de ‘muerte digna’.
En ese trayecto recibió más de 40 esquemas farmacológicos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva sin alivio para su sufrimiento permanente.
Horas antes del procedimiento, Giraldo Silva dijo a Noticias Caracol que había alcanzado una calma que no sentía desde hacía años. “Me siento muy tranquila. Hace años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que puedes detenerlo y que es suficiente”.
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La joven había solicitado inicialmente la Asistencia Médica al Suicidio, porque consideraba que esa figura expresaba de otra manera su autonomía sobre la propia vida.

Aunque la Corte Constitucional despenalizó esa práctica en mayo de 2022, no existen reglas operativas que permitan realizarla dentro del sistema de salud colombiano.
Ese bloqueo quedó plasmado en una carta enviada el 12 de noviembre por Sanitas. La EPS respondió que “no es procedente ejecutar el procedimiento ya que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización segura y legal”.
Durante esos meses, su estado emocional y mental siguió deteriorándose. La espera de una decisión judicial definitiva no resolvió la urgencia de su situación y la llevó a cambiar de camino: pedir de nuevo la eutanasia, una opción que antes había rechazado porque sentía que implicaba abandonar la lucha por el suicidio médicamente asistido.
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En la entrevista con el medio citado, explicó ese giro con una frase que resumía la tensión entre convicción y desgaste. “Debo decir que llegar a esta instancia no fue fácil y no sé si fui un poco testaruda al respecto. Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia, porque sentía que estaba traicionando esta lucha y no le estaba siendo fiel a mis principios”.
Luego aclaró que no veía esa decisión como una derrota. “No siento que me esté rindiendo. Siento que estoy entregando un poco la responsabilidad a otros […]. Es un acto acompañado por mi familia, amoroso y de respeto hacia mí y a otras personas cercanas a mí que les dolería si yo acabo con mi vida de manera impulsiva”.
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Catalina convivía con diagnósticos de trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Ella cumplía los criterios definidos por la Corte para acceder a la asistencia médica al suicidio: sufrimiento intenso derivado de enfermedades graves e incurables, consentimiento libre e informado y supervisión médica.
El cambio definitivo ocurrió tras una de sus últimas hospitalizaciones psiquiátricas. En ese momento, relató, entendió que no quería volver a pasar por una cama de hospital bajo vigilancia permanente y restricciones físicas.
“En esa hospitalización yo decidí solicitar el segundo comité de la eutanasia porque me vi en una cama de un hospital por un número de veces que ya he olvidado, no podía caminar y estaba muy restringida porque estaba en un área donde la vigilancia es mayor. Me dije a mí misma en ese momento que no podía volver a estar en ese lugar”, dijo.
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En esos últimos días, también habló del efecto de su decisión en su entorno más cercano. “Sonrío. Eso no me pasaba y no me habían visto así hace mucho tiempo. Eso le da certeza a mi mamá y a mi hermana que esta es una decisión correcta. Ven que en estos días puedo disfrutar desde un lugar diferente, que no lo tendría si no pudiera acceder a este derecho de morir dignamente”.
Antes de morir, Catalina dejó un mensaje dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional. Su preocupación era que, tras su fallecimiento, el alto tribunal decidiera no pronunciarse sobre el fondo del caso y se perdiera la oportunidad de fijar reglas para otros pacientes en circunstancias similares.
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“Les diría que esta lucha no termina conmigo. Yo voy a fallecer en las próximas horas, pero no fallece conmigo este proceso. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria; hay personas que sufren y que se suicidan todos los días”, afirmó.
También planteó el debate en términos de salud pública y acompañamiento institucional. “La gente se suicida y se va a seguir suicidando. Negar esta realidad es desconocer lo que está pasando en el país y a nivel mundial. No es romantizar la muerte, es acompañarla y respetar el proceso de la persona”.

El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DescLab, sostuvo en un comunicado emitido el 11 de mayo que la inacción del Estado obligó a Catalina a recurrir a la eutanasia cuando su deseo era la Asistencia Médica al Suicidio. Según esa organización, la batalla judicial continúa ante la Corte para que esa alternativa sea reglamentada dentro del derecho a morir dignamente.
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“Durante años, el país ha avanzado en el reconocimiento jurídico de este derecho, pero aún existen vacíos que impiden que muchas personas puedan ejercerlo de manera efectiva dentro del sistema de salud”, dice en el documento.
En una de sus últimas definiciones sobre el sentido de esa pelea, Catalina dijo que esperaba dejar “la puerta abierta”. Su formulación final fue esta: “Espero que me recuerden como una persona que inició este camino, pero que deja la puerta abierta. Espero y deseo que entiendan que mi legado es permitirnos entender la muerte desde un lugar diferente. Sé que esta semillita se está sembrando”.
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Su madre, Ángela Silva, y su hermana, Paola, la acompañaron durante todo el procedimiento y le sostuvieron las manos hasta el final. En la habitación también estaba Lulo, su perro, mientras sonaba “Long and Lost”, de Florence and the Machine, y ella llevaba una blusa rosada con una frase en francés: “C’est la vie”, o “Es la vida”.
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