La Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía General de la Nación mayores garantías de seguridad tras detectar presuntas filtraciones de información sensible relacionada con al menos 300 investigaciones que avanzan en la Sala de Instrucción.
La preocupación, según explicó el presidente del alto tribunal, magistrado Octavio Augusto Tejeiro, se ha convertido en un tema prioritario que motivó un acercamiento urgente con la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
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En entrevista con Semana, el magistrado fue enfático al señalar: “Hay preocupaciones acerca de algunas posibilidades. Por ejemplo, de filtraciones, de información, cosas como esas, y si hay esas preocupaciones, hay que comenzar a discutir sobre ellas y evitar que esas preocupaciones o esos riesgos puedan convertirse en realidades”.
Esta declaración no solo pone sobre la mesa una crisis de confianza en el manejo interno de información judicial, sino que abre la puerta a medidas excepcionales de seguridad en el sistema.
La petición de seguridad no es nueva. Desde febrero de este año, se conoció que el magistrado César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, había planeado una reunión con la fiscal Camargo, específicamente para solicitar condiciones más estrictas de protección en las instalaciones del complejo judicial, ubicado al norte de Bogotá.
Aunque inicialmente se creyó que la conversación giraría en torno a la seguridad de los magistrados –ante antecedentes de chuzadas y seguimientos ilegales–, finalmente fue confirmada la verdadera motivación: la creciente preocupación por las filtraciones de datos en casos altamente sensibles como los de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
En ese contexto, la Corte Suprema ha buscado reforzar la seguridad física y digital. Según reveló el medio citado, no solo se solicitó la presencia de policías asignados por la Dirección Nacional en el edificio, sino que también se pidió implementar controles más estrictos en zonas como los parqueaderos, cuya cercanía al Centro Comercial Avenida Chile los convierte en un punto vulnerable.
Adicionalmente, la Corte habría pedido a un grupo de expertos informáticos evaluar la posibilidad de implementar sistemas de trazabilidad digital que permitan identificar qué funcionarios acceden a expedientes y pruebas, en un intento por frenar las posibles fugas de información desde adentro.
Mientras la Corte pedía mayor seguridad, también activó su brazo judicial frente a las filtraciones. La Sala de Instrucción compulsó copias a tres entidades: la Fiscalía General, la Comisión de Disciplina Judicial y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, solicitando que se investigue a una amplia gama de actores: desde abogados y fiscales, hasta agentes de policía judicial, magistrados e incluso procesados por la presunta divulgación ilegal de información reservada.
Esta decisión fue formalizada mediante un oficio fechado el 13 de enero de 2025, como respuesta a una petición presentada por el abogado de uno de los congresistas investigados en el caso de la Ungrd. No obstante, la orden original de iniciar estas indagaciones data del 6 de noviembre de 2024, y fue reforzada con seguimientos adicionales en los meses posteriores.
La gravedad del asunto radica en que las filtraciones no solo pueden afectar el rumbo de las investigaciones, sino que también ponen en riesgo la credibilidad de la justicia. En ese sentido, el llamado de atención de la Corte Suprema a la Fiscalía busca no solo fortalecer los mecanismos de protección física y tecnológica, sino también enviar un mensaje claro: se requiere acción inmediata para evitar que los riesgos latentes se conviertan en crisis institucionales.
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