Red de abuso infantil en Colombia: denuncias estremecedoras y operativos internacionales

En un caso que conmocionó tanto a Colombia como a Estados Unidos, una mujer de 32 años fue detenida tras descubrirse que abusaba sexualmente de sus dos hijos pequeños y transmitía los actos en vivo para satisfacer las demandas de un hombre estadounidense. Según informó el medio Semana, el individuo pagaba 1.200 dólares por cada conexión para presenciar las agresiones. Este hombre, al verse acorralado por las autoridades, optó por quitarse la vida prendiéndose fuego. Este caso es solo uno de los 18 expedientes que actualmente investigan la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional de Colombia, en un esfuerzo conjunto por desmantelar redes de explotación sexual infantil.

De acuerdo con el medio citado, las investigaciones revelaron un panorama alarmante: en lo que va del año, se han registrado 3.607 denuncias por delitos sexuales en Colombia, de las cuales 981 corresponden a menores de edad. Las autoridades sospechan que la mayoría de los agresores tienen vínculos familiares con las víctimas, y se teme que exista un subregistro significativo de casos no denunciados. Este fenómeno criminal, que incluye desde la compra de virginidades hasta amenazas con armas de fuego para someter a niñas, sigue creciendo y adaptándose a las nuevas tecnologías.

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El caso de la mujer que abusaba de sus hijos fue descubierto gracias a un allanamiento en Baltimore, Estados Unidos, donde se encontró evidencia digital que revelaba la explotación de una niña de 6 años y un niño de 2. Según detalló una detective involucrada en el caso a Semana, la única pista inicial era la voz de la agresora, lo que llevó a los investigadores a sospechar que era oriunda de Norte de Santander. Con el uso de herramientas digitales y agentes infiltrados, lograron localizar a la mujer en un barrio de Tunja, donde fue capturada. Los menores fueron rescatados y puestos bajo protección.

El hombre que pagaba por las transmisiones, al enterarse de que estaba siendo investigado, se suicidó en un vehículo tras rociarse con combustible. Sin embargo, otros 11 extranjeros fueron encarcelados por delitos similares en ciudades como Cali, Cúcuta y Medellín, donde las autoridades también lograron rescatar a 24 menores de edad. Estos operativos permitieron desmantelar redes internacionales que operaban en ambos países.

Uno de los casos más impactantes involucra a un policía de Nueva York, que transfirió 600 dólares en dos pagos para obtener un video pornográfico protagonizado por una bebé de Bello, Antioquia. La madre de la menor, que identificaron como responsable, también fue detenida. En los dispositivos electrónicos del oficial se encontraron pruebas que podrían revelar más detalles sobre esta red criminal.

Semana también reportó conversaciones entre proxenetas y extranjeros que buscaban encuentros sexuales con menores de edad. En estas comunicaciones, los clientes especificaban características físicas y edades de las víctimas, tratándolas como mercancías. En Medellín, una mujer encargada de reclutar menores para turistas extranjeros negociaba con ellos, asegurando que podía sobornar a los guardias de seguridad de los edificios para facilitar el acceso de las niñas.

En otro caso, un adulto mayor que administraba un puesto de helados utilizaba un arma de fuego para obligar a niñas a desnudarse y posar frente a su cámara. Las autoridades revelaron que este hombre amenazaba con matar a las menores y a sus familias si se negaban a cumplir sus demandas.

Las autoridades enfrentan un desafío creciente debido a la evolución tecnológica que facilita la comisión de estos delitos. Según la Policía Nacional, las videollamadas se convirtieron en una herramienta clave para los pedófilos, ya que permiten dar órdenes en tiempo real sin dejar rastros digitales. Esta modalidad dificulta la detección y el rastreo de los responsables, lo que obliga a las fuerzas de seguridad a desarrollar nuevas estrategias de investigación.

Una detective de la HSI, citada por Semana, describió el impacto emocional de trabajar en estos casos: “A diario debo observar y evaluar contenido de abuso sexual infantil. Estoy expuesta a una de las formas más degradantes en las que se puede abusar de una persona. Es increíble la cantidad de perversiones que pueden pasar por la mente de un ser humano”. A pesar de las dificultades, los investigadores continúan comprometidos con desmantelar estas redes y proteger a los menores.

En Medellín, las autoridades lograron un avance significativo al aplicar medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 12 bienes valorados en más de $10.000 millones. Estos inmuebles estaban vinculados a actividades de explotación sexual comercial. Este tipo de acciones busca no solo desarticular las redes criminales, sino enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales y económicas de participar en estos delitos.