
La reciente iniciativa del Gobierno nacional, encabezado por el Ministerio de Hacienda, de presentar un proyecto de decreto con el que buscaría modificar las tarifas de retención en la fuente aplicables al impuesto sobre la renta y complementarios, sigue generando malestar desde diferentes sectores políticos.
De hecho, en la mañana del martes 15 de abril, el partido Centro Democrático le envió un fuerte mensaje al Gobierno nacional por la decisión que, según esa colectividad, afectaría gravemente la estabilidad de las empresas.
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A través de la red social X, el partido señaló que la iniciativa del Ejecutivo causará que los empresarios se sumerjan en una crisis económica más profunda, además de graves problemas fiscales en años posteriores.
“El Centro Democrático rechaza la propuesta del Gobierno Nacional de aumentar las tarifas de retención en la fuente. La ineptitud, incompetencia y derroche del Gobierno actual no pueden agravar la situación de cientos de miles de empresarios colombianos que ya están atravesando una difícil situación económica. Advertimos que de adoptarse estos cambios en la retención en la fuente, no solamente afectará la liquidez de los empresarios, sino que generará un grave problema fiscal para el año 2027″, señaló el Centro Democrático.

En su mensaje, la colectividad también le hizo una dura crítica al Gobierno por los recientes escándalos que ha protagonizado en materia económica, especialmente, después de conocerse que la Cancillería ha gastado más de 60.000 millones de pesos en la creación de casas Colombia alrededor del mundo.
“En lugar de cambiar las reglas de juego que generan más incertidumbre económica, el Gobierno Nacional debería presentar un plan de austeridad que reduzca significativamente el déficit fiscal”, concluyó el Centro Democrático.
Las críticas se dan después de que se conociera el proyecto que pretende anticipar ingresos fiscales correspondientes al año 2026, replicando una estrategia similar a la implementada en 2023.
Sin embargo, expertos advierten que esta decisión podría generar un menor recaudo en el futuro, incrementando las presiones fiscales del país.
De acuerdo con el proyecto, se propone una actualización al Decreto 1625 de 2016, amparada en el artículo 365 del Estatuto Tributario, que otorga al Gobierno la facultad de establecer, mediante decreto, las condiciones para el cobro de la retención en la fuente en diversas actividades económicas.

Este cambio no solo ajusta las tarifas existentes, sino que también introduce modificaciones que podrían resultar más gravosas para ciertos sectores, como el minero y el energético, que ya han expresado su preocupación por el impacto en la rentabilidad de sus operaciones.
El proyecto establece un rango de tarifas de autorretención en la fuente que oscila entre el 0,55% y el 4,5%, siendo esta última la más alta. Entre los sectores más afectados se encuentran la extracción de hidrocarburos, minerales y la producción de gas natural, que enfrentarían un gravamen del 4,5%.
Por su parte, actividades como la extracción de minerales de uranio y torio tendrían una tarifa del 2,8%, mientras que el petróleo crudo estaría sujeto a un 2,7%.
En el caso de las transacciones inmobiliarias, las tarifas variarían según el valor y el propósito de la compra. Por ejemplo, la adquisición de vivienda estaría gravada con un 1% hasta un límite de 10.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), mientras que las compras que excedan este monto o no sean destinadas a vivienda tendrían una tarifa del 2,5%.
En el sector agropecuario, las compras que no superen las 70 UVT quedarían exentas, pero si se excede este umbral, se aplicaría un gravamen del 1,5%. Para las compras de café, las condiciones son similares, aunque la tarifa sería del 0,5% si se supera el límite establecido.
Uno de los sectores que ha manifestado su preocupación es el de la minería, particularmente en lo relacionado con la extracción y comercialización de oro. Según la Asociación de Comercializadores de Oro (Asocoro), la tarifa de autorretención del 4,5% propuesta para esta actividad podría absorber las utilidades de las empresas.
El gremio señala que los márgenes de ganancia en la comercialización formal de oro rondan el 1,5%, por lo que una retención superior a este porcentaje eliminaría la rentabilidad de las operaciones, convirtiéndolas en pérdidas automáticas.
El Ministerio de Hacienda justifica esta propuesta argumentando que existen brechas entre las tarifas de autorretención actuales y el impuesto real a cargo de los contribuyentes.
Según el borrador del decreto, esta diferencia genera un costo de oportunidad para la administración tributaria, que no logra recaudar los recursos de manera oportuna. La medida, por tanto, buscaría cerrar estas brechas y garantizar un flujo de ingresos más constante para el Estado.
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