La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió llevar a juicio a la representante a la Cámara Mary Anne Perdomo, integrante del Pacto Histórico, por presuntas irregularidades relacionadas con su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Esta decisión se conoce poco después de que el Consejo de Estado decretara la pérdida de su investidura, en una decisión que ha sido apelada por la congresista.
El proceso penal gira en torno a una supuesta apropiación de recursos públicos, hechos que involucran a María Isabel Rueda Guerrero, una asesora que, pese a haber renunciado a comienzos de 2023, habría continuado desempeñando funciones sin contrato y percibiendo salario a través de su hija, Laura Rueda Guerrero, quien figuraba como empleada pero no cumplía labores en el Congreso.
Según la Corte, existen elementos que sugieren que Perdomo habría tenido conocimiento y participación directa en esta situación. La hija de Rueda Guerrero habría recibido pagos por servicios no prestados, mientras su madre continuaba trabajando de manera informal.
La magistratura sostiene que el dinero habría sido manejado como si fuese de propiedad de la congresista: “la sindicada (Perdomo) habría usado los dineros con los que se remuneraron esos servicios no prestados como si fuese su dueña (es decir, se habría apropiado de esos fondos) —en provecho, probablemente, no sólo de su exasesora sino de ella misma—, a través de la simulación de una finalidad legítima de esa disposición”.
La Sala también examinó interceptaciones telefónicas, donde se evidenciaría el nivel de implicación de la representante. En uno de los audios, María Isabel Rueda Guerrero le comenta a otra persona que Mary Anne Perdomo le reclamó en abril de 2024 por verse envuelta en el escándalo, mencionando que había tenido que contratar abogado por haberle “hecho un favor”. Para los magistrados, este testimonio revelaría conocimiento previo y control por parte de la congresista.
“Desde esta perspectiva, el protagonismo de la sindicada en ese probable acuerdo con las señoras Rueda Guerrero indica que aquélla habría conocido las circunstancias en las que vincularía a Laura Rueda y, mes a mes, tuviera conocimiento de que ella no habría cumplido con sus deberes, pese a lo cual, certificaba su cabal desempeño que generaba el pago correlativo”, se señala en la decisión.
Otro punto relevante es que María Isabel Rueda Guerrero, pese a no tener vínculo contractual, habría tenido acceso a material confidencial de la Comisión de Ética. En consecuencia, la representante también enfrentará cargos por revelación de secreto.
“El número de ocasiones en que María Isabel Rueda Guerrero conoció de documentos reservados también juega como hecho indicador del conocimiento de la situación por parte de la sindicada”, concluyó la Sala.
Finalmente, se le atribuye el delito de falsedad ideológica por haber certificado durante nueve meses el cumplimiento laboral de Laura Rueda, quien en realidad trabajaba en el sector privado como ingeniera.
“La representante Perdomo Gutiérrez quiso extender nueve certificaciones con información mendaz respecto de su asesora legislativa”, indicó la Corte.
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