El excongresista huilense Jaime Felipe Lozada, que fue representante a la Cámara por el departamento del Huila entre 2018 y 2022, denunció públicamente haber recibido una amenaza directa por parte de las disidencias de las Farc, específicamente del Bloque Central Isaías Pardo, a través de un mensaje enviado a su teléfono personal.
La intimidación, que lo declara “objetivo militar”, ha generado un llamado urgente de Lozada al presidente Gustavo Petro para que se le brinden medidas de protección que le permitan continuar ejerciendo su labor política.
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“Acabo de recibir este mensaje a mi número telefónico. Presidente Gustavo Petro, como opositor, víctima y crítico de las Farc y demás grupos alzados al margen de la ley, le pido encarecidamente se me otorguen las medidas de seguridad para seguir desempeñando mi labor política”, escribió el excongresista en su cuenta de X, donde también compartió una captura de pantalla del mensaje amenazante.
En el texto recibido por Lozada, con errores ortográficos y gramaticales, se menciona que la amenaza proviene de la “estructura Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo”, y señala: “debido a sus constantes ataques contra nuestra organización y a su permanente llamado a la militarización del departamento, declaramos objetivo militar al señor Jaime Felipe Lozada”.
El mensaje continúa con un señalamiento ideológico y político, afirmando que Lozada celebra la muerte de integrantes del grupo armado: “No bastándole su constante apoyo a la guerra impuesta por las fuerzas militares y la oligarquía, celebraron la muerte en indefensión de nuestro camarada alias MAY”, que fue abatido por la fuerza pública la semana pasada en el Huila.
Y concluye de manera tajante: “Ya sabe señor Lozada, vamos por usted y por su familia. Bloque Central Isaías Pardo”.
Solidaridad y exigencia de protección
Frente a esta reciente amenaza, diversos sectores han expresado su preocupación y solidaridad. Una de las voces que más ha resonado en redes sociales es la de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que escribió en X: “Ojo a esto, Jaime Lozada amenazado, aun cuando es una víctima. Las autoridades deben actuar de inmediato”.
Para Jaime Felipe Lozada, estas amenazas no son un hecho aislado, sino un amargo eco de una historia personal marcada profundamente por el conflicto armado colombiano. Su vida cambió drásticamente la noche del 26 de julio de 2001, cuando, con apenas 15 años, fue secuestrado por guerrilleros de las Farc junto a su madre, Gloria Polanco de Lozada; su hermano, Andrés Felipe; y otras 13 personas durante la toma del edificio Miraflores en Neiva.
El cautiverio se prolongó por tres años para él y su hermano, quienes recuperaron la libertad tras el pago de un rescate. En contraste, su madre permaneció secuestrada durante casi siete años, hasta el 27 de febrero de 2008, cuando fue liberada gracias a la mediación de la entonces senadora Piedad Córdoba y del presidente venezolano Hugo Chávez.
La familia fue duramente golpeada nuevamente cuando, el 3 de diciembre de 2005, el entonces senador Jaime Lozada —padre del excongresista– fue asesinado por las Farc.
La denuncia pública de Lozada no solo busca alertar sobre la amenaza en sí misma, sino también poner en evidencia lo que él considera un deber del Estado frente a quienes, como él, han sido víctimas del conflicto armado y se mantienen activos en la vida política nacional.
Aunque hasta el momento el presidente Gustavo Petro no ha respondido públicamente al llamado del excongresista, la denuncia se suma a una creciente preocupación en varios sectores del país por el recrudecimiento de las acciones violentas por parte de estructuras armadas ilegales, incluyendo disidencias de las Farc, que han intensificado sus operaciones en regiones como el Huila, el Cauca y el Caquetá.
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