El Tribunal Administrativo de Santander inició un incidente de desacato contra la nueva Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada Añokazi, debido a los incumplimientos en la delimitación del páramo de Santurbán, una tarea que debía haberse completado bajo la gestión de su predecesora, Susana Muhammad.
Según informó el mismo tribunal, estos incumplimientos están relacionados con la falta de avance en el proceso ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia T-361 de 2017, que exigía la delimitación del páramo como medida de protección ambiental.
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De acuerdo con el auto emitido por la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes, la nueva ministra deberá responder por las omisiones y retrasos acumulados durante la administración de Muhamad.
Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran el incumplimiento de los cronogramas establecidos, la realización de solo seis de las 31 mesas de trabajo programadas con las comunidades afectadas y la falta de priorización de recursos para cumplir con la sentencia judicial.
Una “herencia envenenada” para la nueva ministra
El medio santandereano El Frente informó que líderes comunitarios y sociales de la región han calificado esta situación como una “herencia envenenada” dejada por Susana Muhammad, quien estuvo al frente del Ministerio de Ambiente durante más de dos años y medio.
Según estos líderes, Muhammad no solo incumplió con la delimitación del páramo, sino que también firmó, en sus últimos días en el cargo, una resolución que declara una Zona de Reserva Temporal en Santurbán, lo que ha generado nuevas controversias legales y sociales.
Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, expresó su preocupación por las consecuencias de esta gestión y comentó que “aunque la exministra Muhamad no quiso avanzar en este proceso de delimitación, confiamos en que la ministra Estrada ha demostrado estar abierta al diálogo y la concertación. Esperamos que ratifique los acuerdos hechos con Vetas y otros municipios y finalice pronto la delimitación del páramo como lo ordenó la Corte”, afirmó González.
Resolución de Zona de Reserva Temporal: un nuevo foco de conflicto
Además de los problemas relacionados con la delimitación del páramo, la resolución 0221, que establece una Zona de Reserva Temporal de 75.000 hectáreas fuera del páramo, ha sido objeto de fuertes críticas.
Según González, esta resolución fue expedida de manera inconsulta, sin garantizar la participación ciudadana y en contravención de tres sentencias de la Corte Constitucional. La líder comunitaria también señaló, citada por el medio, que la resolución presenta inconsistencias técnicas, legales y procedimentales, lo que ha generado protestas de campesinos, pequeños mineros y autoridades locales en Bucaramanga y Bogotá.
“Esta resolución fue firmada apresuradamente por Muhammad la última noche de su gestión, ignorando las advertencias de la Procuraduría y otras entidades. Hasta el momento, no se conocen con claridad los mapas ni los documentos técnicos que la respaldan”, agregó González.
Por lo tanto, el Tribunal de Santander ha dado un plazo de cinco días a la ministra Estrada para justificar los motivos del incumplimiento en la delimitación del páramo. Según lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el desacato a una sentencia judicial puede acarrear sanciones económicas que afectarían el patrimonio personal de la funcionaria.
Además, la resolución de Zona de Reserva Temporal podría derivar en nuevas investigaciones y procesos judiciales contra Estrada si no se toman medidas para corregir las irregularidades señaladas. Según los habitantes de la región, esta resolución “condena a 35.000 personas de siete municipios a la ilegalidad, la pobreza y el desplazamiento”.
La sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional estableció la obligación de delimitar el Páramo de Santurbán como una medida para proteger este ecosistema estratégico. Sin embargo, más de cinco años después, el proceso sigue inconcluso, lo que ha generado tensiones entre las comunidades locales, las autoridades y los sectores económicos afectados.
Mientras tanto, la ministra Estrada enfrenta el desafío de cumplir con este mandato judicial y, al mismo tiempo, resolver los problemas derivados de la resolución de Zona de Reserva Temporal. Según los líderes comunitarios, la prioridad debe ser garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y corregir los errores de la administración anterior.
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