Aldemar Soto Charry, alias el Ingeniero, exintegrante de la columna móvil Teófilo Forero de las extintas Farc, fue deportado desde Estados Unidos y entregado a la Policía Nacional de Colombia, según confirmó Migración Colombia.
Su retorno al país ha reactivado el interés de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la posibilidad de que aporte información clave sobre algunos de los crímenes más graves del conflicto armado.
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Aunque Soto Charry fue expulsado de la JEP en 2021 por haber reincidido en actividades delictivas luego del Acuerdo de Paz de 2016, en 2024 este tribunal especial solicitó suspender su extradición temporalmente para escuchar su testimonio en investigaciones sobre secuestros y desapariciones forzadas. Sin embargo, la petición fue desatendida y el exguerrillero fue extraditado.
Ahora, con su regreso a Colombia, la expectativa gira en torno a una posible colaboración que permita esclarecer hechos de alto impacto como el secuestro del entonces senador Jorge Eduardo Gechem y el atentado con explosivos perpetrado el 14 de febrero de 2003 en Neiva, dirigido contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. La explosión dejó al menos quince personas muertas y decenas de heridos.
Este ataque, que dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos, es considerado uno de los actos más violentos atribuidos a la columna móvil Teófilo Forero, una de las estructuras más temidas de las Farc.
El atentado no solo marcó un punto crítico en la historia del conflicto armado en Colombia, sino que también subrayó la capacidad operativa de las Farc en ese momento.
La participación de Soto Charry en este hecho lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades colombianas, lo que eventualmente llevó a su captura y extradición.
La JEP ha reiterado que, pese a la expulsión de Soto del sistema de justicia transicional, su comparecencia aún podría ser útil para avanzar en el esclarecimiento de la verdad y en la reparación de las víctimas, especialmente por su rol dentro de una de las estructuras más violentas de las Farc.
El caso judicial en Estados Unidos y la operación encubierta de la DEA
La deportación de Soto Charry se produjo luego de que cumpliera una sentencia de 78 meses de prisión en Estados Unidos, tras declararse culpable ante una corte federal del Distrito de Columbia en octubre de 2024.
El exguerrillero fue condenado por conspirar para distribuir más de 1.000 kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.
Entre 2018 y 2019, la DEA adelantó una operación encubierta en Colombia para desmantelar redes de narcotráfico vinculadas a las Farc.
En ese contexto, Soto fue grabado en múltiples reuniones con fuentes confidenciales de la agencia, donde detalló cómo la organización traficaba cocaína, procesada en laboratorios selváticos, hacia carteles mexicanos con destino final en Estados Unidos.
Además, reveló que la cúpula de las Farc planeaba lavar al menos 10 millones de dólares mediante la construcción de una clínica médica en Panamá, entre otros esquemas de inversión en bienes raíces.
Durante los encuentros, los co-conspiradores de Soto incluso entregaron una muestra de cinco kilogramos de cocaína como parte de las negociaciones.
El 8 de agosto de 2019 fue capturado en Colombia por solicitud de las autoridades estadounidenses y extraditado cinco años después, el 8 de agosto de 2024.
Además de la condena de 78 meses, el juez Amit P. Mehta ordenó que cumpliera cuatro años de libertad supervisada. Junto a Soto, también fueron condenados sus cómplices Mauricio Mazabel Soto (73 meses) y Alfredo Molina Cutiva (70 meses).
Tras su deportación, Soto Charry fue entregado a la Policía Nacional y permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.
Las autoridades colombianas confirmaron que enfrenta múltiples procesos judiciales por crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo el ya mencionado atentado en Neiva y otras actividades criminales de la columna Teófilo Forero.
Migración Colombia explicó que su entrega se hizo bajo los protocolos establecidos para connacionales con antecedentes judiciales y cuentas pendientes con la justicia.
Actualmente, su situación jurídica está siendo evaluada por las autoridades, que también estudian los mecanismos para retomar los procesos que quedaron en pausa tras su extradición.
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