Una publicación en la cuenta oficial de Hanwen Zhang, economista de origen chino, ha encendido las alarmas sobre el uso de las redes sociales para incitar al odio y proferir amenazas.
Zhang, quien utiliza el perfil @hanwenzhang1982 en la plataforma X, denunció públicamente a un usuario identificado como @Lykanista por un mensaje que, según sus palabras, promueve violencia en su contra, al sugerir que debería regresar a su país en “una pijama de madera”.
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“Por favor, denunciemos esta cuenta que me quiere enviar a China en pijama de madera @Lykanista Ya todos sabemos que frecuentemente amenaza e incita a odio en esta red”, afirmó la economista en su cuenta oficial de X.
Este incidente ha llevado a figuras públicas, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a solicitar investigaciones sobre este tipo de delitos en el entorno digital.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema desde su cuenta oficial en X, @petrogustavo. En su mensaje, Petro destacó que este tipo de publicaciones constituyen un delito y subrayó la responsabilidad de las autoridades competentes, como la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, para investigar y esclarecer la identidad de quienes están detrás de estas amenazas.
Según el mandatario, hasta el momento no se han obtenido resultados concretos en las investigaciones solicitadas.
“Repetidamente, esta cuenta amenaza de muerte a diferentes personas por su actitud y opinión progresista. He pedido a @PoliciaColombia y @FiscaliaCol investigación a fondo sobre la identidad real de esta persona, hasta ahora sin resultados. Aquí estamos ante un delito, que los organos competentes, tienen la obligación de investigar”, afirmó Petro.
De acuerdo con lo publicado por Hanwen Zhang, el mensaje del usuario @Lykanista contenía un lenguaje ofensivo y amenazante, sugiriendo que ella debería ser “repatriada” a China en una “pijama de madera”, una expresión que ha sido interpretada como una amenaza de muerte.
Zhang instó a sus seguidores a denunciar esta cuenta, señalando que el usuario en cuestión “frecuentemente amenaza e incita al odio en esta red”. Este llamado a la acción busca visibilizar el problema y presionar a las autoridades para que actúen frente a este tipo de comportamientos en línea.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el tema desde su cuenta oficial en X, @petrogustavo.
En su mensaje, Petro destacó que este tipo de publicaciones constituyen un delito y subrayó la responsabilidad de las autoridades competentes, como la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, para investigar y esclarecer la identidad de quienes están detrás de estas amenazas.
Según el mandatario, hasta el momento no se han obtenido resultados concretos en las investigaciones solicitadas.
El mensaje que desató la controversia fue publicado por el usuario @Lykanista y decía: “Apreciada @hanwenzhang1982, si China es el país con la cadena de suministros más completa, ¿por qué no se devuelve y deja de estar parasitando y robando acá en Colombia? Es un deber ciudadano repatriar a esta Sicaria Digital a China, en pijama de madera”.
Este comentario, además de ser ofensivo, ha sido interpretado como una incitación directa a la violencia, lo que ha generado rechazo en diversos sectores.
La denuncia de Hanwen Zhang y la intervención de Gustavo Petro ponen de manifiesto la creciente preocupación por el uso de las redes sociales como plataformas para la propagación de discursos de odio y amenazas. Este caso también resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación y control en el ámbito digital, así como de garantizar que las autoridades actúen de manera efectiva frente a este tipo de delitos.
En este contexto, el llamado de Petro a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en Colombia busca no solo resolver este caso en particular, sino también establecer un precedente que permita combatir de manera más eficiente las amenazas y el acoso en línea.
La falta de resultados en las investigaciones hasta ahora plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para abordar este tipo de situaciones y proteger a las personas que son blanco de ataques en el entorno digital.
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