La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, ordenó una inspección patrimonial contra varios directivos y exdirectivos de Hocol, filial de Ecopetrol, en el desarrollo de un escándalo que involucra presuntas penalidades por 180 millones de dólares derivadas del incumplimiento en la entrega de gas pactada en un contrato firmado en 2021.
Según reveló La W Radio, los contratos en cuestión fueron firmados ese año por Rafael Guzmán, entonces presidente de Hocol y, según se afirmó en el programa, un funcionario de “toda la confianza” del presidente de Ecopetrol de ese momento.
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Esto refuerza la tesis de que las decisiones tomadas en la filial tenían respaldo o conocimiento desde la casa matriz, lo que abre la puerta a eventuales responsabilidades de más alto nivel.
La fuente también destacó que Guzmán habría contado con el apoyo de otros altos funcionarios de la empresa: Ricardo Castaño (vicepresidente de Producción), Juan Carlos Rodríguez (gerente comercial) y Cristian Castro (gerente legal), este último con un vínculo familiar con Iván Velásquez, exministro de Defensa.
Para respaldar los contratos de venta de gas a seis años, la compañía habría incrementado las reservas del campo Ballena de 10 a 45 millones de barriles equivalentes.
Esta información está siendo verificada por la Contraloría General de la República, que busca establecer si hubo manipulación de datos para justificar los acuerdos.
Además, una denuncia anónima en poder de la Fiscalía señala que Rafael Guzmán habría recibido más de 20 millones de dólares en sobornos por firmar los contratos a precios de entre 4 y 5 dólares por millón de BTU (unidad de medición de temperatura), cifras que estarían por debajo del promedio del mercado en ese momento.
Esta diferencia podría haber favorecido de forma irregular a las contrapartes comerciales y originado perjuicios financieros para la empresa.
La orden de inspección de la Uiaf es firme y no una simple revisión preliminar, lo que implica la existencia de indicios suficientes para activar mecanismos de control financiero sobre los involucrados, según el medio citado.
El caso no solo expone a Hocol, sino que pone bajo la lupa la relación operativa entre la filial y Ecopetrol, y plantea interrogantes sobre la transparencia y el control en la gestión de los recursos del Estado.
Las investigaciones en curso podrían escalar hacia la matriz si se comprueba que hubo conocimiento o participación de altos mandos en la aprobación de las operaciones cuestionadas.
Hocol anunció cambios en su presidencia
El 21 de marzo, Ecopetrol y su filial Hocol informaron oficialmente la renuncia de Luis Enrique Rojas a la presidencia de la compañía, la cual se hará efectiva el próximo 30 de abril.
Aunque no se vinculó directamente a la investigación, el anuncio coincidió con un momento clave para la empresa, que atraviesa una etapa de reorganización interna. La Junta Directiva de Hocol ya inició el proceso de selección de su reemplazo.
Ese mismo día, se comunicó también la suspensión del proceso de venta de activos, y la conformación de un comité ad hoc que se encargará de recibir y evaluar ofertas, bajo la supervisión de la Contraloría General en el marco del Decreto 403 de 2020, como parte de un esfuerzo por garantizar transparencia en la gestión patrimonial de la empresa.
Aunque desde Hocol se destacó que los contratos actuales de venta de gas natural datan desde 2013 y están alineados con la regulación vigente, el nuevo escándalo por los contratos de 2021 ha vuelto a poner el foco en el manejo de reservas y la política comercial de la compañía.
A pesar de la controversia, Hocol reportó un ebitda de 239,7 millones de dólares y una utilidad neta de 13,7 millones de dólares al cierre de 2024.
Asimismo, la empresa informó avances en su actividad exploratoria con la perforación de nueve pozos, de los cuales cuatro fueron exitosos. Estos resultados positivos contrastan con el golpe reputacional que puede representar la investigación en curso.
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