El proceso judicial contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, experimentó un nuevo giro tras la decisión de aplazar la audiencia de acusación que estaba prevista para este jueves.
La diligencia fue reprogramada para el próximo 12 de junio, luego de una solicitud presentada por su equipo de defensa ante el complejo judicial de Paloquemao.
Este aplazamiento ocurre apenas un día después de que la Fiscalía General de la Nación descartara la posibilidad de suscribir un principio de oportunidad con la exfuncionaria, al considerar que la información suministrada en el marco de una posible colaboración con la justicia carece de sustento probatorio sólido y presenta contradicciones importantes.
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La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo del caso, determinó que no existen evidencias objetivas que respalden los señalamientos hechos por Ortiz, lo que llevó a suspender cualquier intento de acuerdo judicial.
A raíz de esta ruptura, la exconsejera expresó su intención de revelar públicamente detalles del entramado de corrupción que, según ella, llegó a conocer en el ejercicio de su cargo, aun sin el respaldo del ente acusador.
El caso en cuestión se enmarca en una de las investigaciones más complejas de los últimos años relacionadas con presunta corrupción en el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.
La Fiscalía ha identificado la existencia de una estructura organizada que habría operado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aprovechando declaratorias oficiales de calamidad pública y desastre nacional para adjudicar contratos de manera direccionada a cambio de millonarios sobornos.
El epicentro de esta operación, según los investigadores, fue liderado por dos exfuncionarios: Olmedo López, entonces director de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, quien se desempeñaba como subdirector. Ambos han sido señalados como piezas clave en la conformación de lo que se ha descrito como una organización criminal.
El esquema de corrupción permitió que numerosos contratos terminaran en manos de Luis Eduardo López, apodado el Pastuso, empresario vinculado a más de treinta sociedades comerciales.
Al menos cuatro de esas empresas –Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S.– han sido directamente implicadas en la red de contrataciones irregulares, y sus representantes legales ya enfrentan cargos ante la justicia.
En lo que respecta a Sandra Ortiz, la Fiscalía la involucra directamente en un episodio que pone en juego la suma de tres mil millones de pesos. Según el expediente, ese monto fue supuestamente entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name, en cumplimiento de una instrucción atribuida a Carlos Ramón González, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, esos recursos habrían sido utilizados para facilitar la aprobación de reformas clave impulsadas por el presidente Gustavo Petro en el Congreso.
Además, parte de ese dinero habría tenido como propósito asegurar que se incluyera en el orden del día del Senado la elección de Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, designación que finalmente se concretó el 17 de octubre de 2023. Este último punto ha causado múltiples reacciones que piden acelerar las investigaciones.
El caso continúa escalando tanto en el ámbito judicial como político, y se espera que en las próximas semanas salgan a la luz nuevos elementos que podrían comprometer a otros altos funcionarios. Con la audiencia reprogramada, la expectativa crece alrededor de si Ortiz aportará nuevas pruebas o nombres que fortalezcan la investigación, en medio de una de las mayores crisis de gobernabilidad asociadas al uso indebido de fondos públicos en tiempos de emergencia.
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