Un informe de 23 páginas elaborado por la Procuraduría General de la Nación puso en el centro del debate público a cuatro Entidades Promotoras de Salud (EPS) por un presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención en salud. Según el documento, las irregularidades detectadas en Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud incluyen transferencias de fondos a terceros, incumplimientos de metas y posibles vínculos con paraísos fiscales. La investigación surge tras las denuncias realizadas por el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, que alertó sobre estas anomalías en un informe presentado en noviembre de 2024.
De acuerdo con la Procuraduría, los recursos públicos que debían ser utilizados para garantizar la atención médica de los usuarios habrían sido desviados hacia fines no contemplados por la ley. Entre las principales preocupaciones se encuentran pagos a organizaciones clínicas, transferencias de altos montos a terceros y anticipos que no fueron legalizados. Además, se identificaron inconsistencias en los registros financieros de las EPS, lo que genera dudas sobre la confiabilidad de los datos reportados.
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El informe detalla que, en el caso de Coosalud, que para el momento del reporte no estaba intervenida, se encontraron discrepancias en los registros de giros realizados entre enero y septiembre, comparados con la información financiera emitida en una circular oficial. Estas inconsistencias generaron cuestionamientos sobre el manejo de los recursos y la transparencia en la gestión de esta EPS.
Por su parte, Asmet Salud enfrenta señalamientos por 12 anticipos a terceros que no han sido legalizados, los cuales superan los $21.000 millones. Con base en el documento, estas irregularidades afectan la certeza sobre los pagos realizados a los prestadores de servicios de salud y ponen en riesgo la recuperación de estos recursos.
En el caso de Emssanar, la Procuraduría expresó preocupación por un posible sobrecosto en los giros destinados al pago de material de osteosíntesis, utilizado en procedimientos médicos para estabilizar fracturas óseas. De acuerdo con el informe, entre julio y septiembre de un año determinado, los giros mensuales destinados a este material aumentaron de $3.115 millones a $5.276 millones, lo que representa un incremento de $2.161 millones. Este aumento no justificado plantea dudas sobre la eficiencia en el uso de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En cuanto a Servicio Occidental de Salud (SOS), la investigación busca esclarecer una diferencia de $455 millones en la trazabilidad de los recursos transferidos a seis prestadores y proveedores de servicios. Este hallazgo, según la Procuraduría, refleja posibles irregularidades en la gestión financiera de la EPS.
Vínculos con terceros y posibles conflictos de interés
El informe también señala la relación de los agentes interventores de las EPS investigadas con empresas vinculadas a Mario Andrés Urán, conocido como “el lobista de la salud”. Según la Procuraduría, Urán habría priorizado contratos y giros a ciertos prestadores, lo que podría haber favorecido intereses particulares en detrimento de los recursos públicos.
En el caso de Emssanar, se identificaron cuentas por cobrar por más de $20.191 millones relacionadas con 18 EPS y proveedores de servicios tecnológicos de salud. Sin embargo, estas cuentas no se compensan con las cuentas por pagar del prestador, lo que pone en riesgo la recuperación de estos recursos si no se toman las acciones legales correspondientes.
Además, la Procuraduría destacó que los incumplimientos de metas en estas EPS corresponden a recursos ya girados que no fueron utilizados para la atención efectiva de la población. En algunos casos, los servicios debieron ser atendidos por otros prestadores bajo modalidades contractuales diferentes o sin relación contractual.
Medidas adoptadas por la Procuraduría
Como parte de la investigación, la Procuraduría solicitó inspecciones en la superintendencia delegada para aseguramiento de salud de la Superintendencia de Salud (Supersalud), así como copia del informe entregado a la Fiscalía. Además, las EPS involucradas deberán presentar certificados de pagos, giros y estados financieros actualizados.
En el caso de Coosalud, se requirió información sobre el contrato laboral con Mario Andrés Urán Martínez, mientras que otros representantes legales y exagentes interventores de las EPS investigadas también fueron vinculados al proceso. Entre ellos se encuentran Jaime Miguel González Montaño, representante legal principal de Coosalud, y los exagentes interventores de Emssanar, Luis Carlos Arboleda Mejía y César Augusto Sánchez Gutiérrez. Asimismo, se incluyó a Javier Ignacio Cormané Fandiño, exagente interventor de Asmet Salud, y Carlos Marino Escobar Vázquez, exagente interventor de Servicio Occidental de Salud.
Según el informe de la Procuraduría, las quejas de los usuarios aumentaron tras la intervención de la Nueva EPS, lo que refleja un desajuste en el funcionamiento de las entidades intervenidas. Este panorama pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sistema de salud para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de la población.
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