Un exalumno del Seminario Mayor de Manizales presentó una acción de tutela contra el arzobispo de la ciudad, monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, alegando que se le vulneró su derecho al trabajo.
El caso fue admitido el pasado 28 de marzo por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que valoró la acción interpuesta por el joven, que aseguró que trabaja como sacristán auxiliar en una iglesia de Manizales.
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El denunciante, que solicitó mantener su identidad en reserva, decidió adelantar el proceso judicial en contra de monseñor Gómez, a raíz de un anuncio que se le hizo el miércoles 26 de marzo de 2025, según destacó el periódico La Patria, de Manizales.
En ese encuentro el párroco le dijo que no podía continuar desempeñando sus funciones. Según el exseminarista, la decisión se basó en una orden del arzobispo que prohíbe la contratación de exalumnos del Seminario Mayor, ya sea como empleados o voluntarios en actividades relacionadas con la Iglesia.
Las acusaciones contra el arzobispo de Manizales
De acuerdo con el relato del demandante, él fue estudiante del Seminario Mayor de Manizales durante los años 2021 y 2022, pero decidió retirarse de manera voluntaria.
En la acción de tutela, el sacristán argumentó que la medida adoptada por el arzobispo constituye un juicio generalizado hacia todos los exseminaristas, basado en quejas aisladas de algunos casos particulares.
Según el afectado, esta determinación no solo afecta su derecho al trabajo, sino también su libertad religiosa.
El exseminarista expresó que la orden del arzobispo de Manizales implica una exclusión injustificada de quienes, como él, han decidido no continuar con su formación sacerdotal.
“Él es administrador de la Arquidiócesis, no administrador de la fe de los católicos”, afirmó en su declaración, añadió el mismo periódico en Caldas.
Asimismo, en el documento se menciona que esta medida limita el acceso de los exalumnos a actividades relacionadas con la Iglesia, sin considerar las circunstancias individuales de cada caso.
Las exigencias del demandante
El demandante explicó que su labor como sacristán auxiliar se realizaba en principio una vez cada semana. Sin embargo, desde el 21 de marzo le tocó asumir responsabilidades diarias para cubrir la licencia de paternidad del sacristán principal, que se extendía hasta el 12 de abril de 2025.
Según su testimonio, la notificación de su desvinculación ocurrió en medio de este periodo de reemplazo, lo que dejó inconcluso el acuerdo laboral temporal. Por tal razón, en la acción de tutela el exseminarista exige el pago de los días trabajados hasta la fecha de su desvinculación, además de tener la garantía de su derecho a continuar desempeñándose en el cargo hasta el término del periodo acordado.
Adicional a todo lo anterior, el joven que se desempañaba como sacristán también solicitó que se revoque la orden del arzobispo que prohíbe la contratación de exalumnos del Seminario Mayor, argumentando que esta medida vulnera derechos fundamentales.
El papel del arzobispo de Manizales y las implicaciones tras la acción de tutela
Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, que asumió como arzobispo de Manizales en 2021, es señalado en esta acción de tutela como responsable de una decisión que, según el demandante, afecta de manera directa a un grupo específico de personas.
La medida, según el exseminarista, se fundamenta en quejas recibidas sobre algunos exalumnos del Seminario, pero se aplica de manera generalizada, sin considerar las particularidades de cada caso.
El afectado con la decisión que habría recaído en el religioso cuestionó la legitimidad de esta resolución, argumentando que no corresponde al arzobispo restringir el acceso de los exseminaristas a actividades laborales o voluntarias dentro de la Iglesia.
El caso queda ahora en manos del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, y podría sentar un precedente en la relación entre la Iglesia y quienes han decidido abandonar la formación sacerdotal. La acción de tutela busca no solo la reparación de los derechos laborales del demandante, sino también la revisión de una política que, según él, afecta a un grupo más amplio de exseminaristas.
Por el momento, no se ha conocido una respuesta oficial por parte del arzobispo o de la Arquidiócesis de Manizales sobre las acusaciones presentadas en su contra.
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