La Nueva EPS seguirá intervenida por el Gobierno: Superintendencia de Salud autorizó la administración forzosa por un año más

La Superintendencia Nacional de Salud decidió extender por un año más la medida de intervención forzosa administrativa sobre la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande de Colombia, que cuenta con 10,8 millones de afiliados.

Esta decisión, anunciada en la mañana de este jueves 3 de abril, responde a la persistencia de las causales que motivaron la intervención inicial el 3 de abril de 2024, entre las que se destacan incumplimientos normativos en las condiciones financieras y en la prestación de servicios a los usuarios.

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De acuerdo con la Supersalud, la aseguradora no ha presentado sus estados financieros, lo que ha generado preocupación en las autoridades.

En un comunicado oficial, la entidad señaló que se espera que el interventor actual publique los estados financieros correspondientes a 2023 durante el mes de abril, tal como lo había prometido la EPS.

“En el caso de la Nueva EPS, se mantiene en las causales de intervención contempladas en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993, relacionadas con incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y en la prestación de servicios a sus usuarios” señaló la entidad.

Y es que la situación de la Nueva EPS sigue siendo crítica a pesar de las medidas del Gobierno nacional.

Incluso, la promotora ha mostrado un deterioro con cifras oficiales que revelan que en 2024 se registraron 358.316 quejas contra la aseguradora, lo que representa un aumento del 30 % en comparación con las 277.033 quejas reportadas en 2023.

Además, solo en los dos primeros meses de 2025, ya se habían recibido 81.455 reclamos, lo que refleja una tendencia preocupante en la insatisfacción de los usuarios.

El superintendente Giovanny Rubiano García, en declaraciones recogidas por la revista Semana, detalló que al inicio de la intervención se encontraron más de doce millones de facturas radicadas y sin procesar, con un valor superior a los cuatro billones de pesos.

Además, se identificaron más de dos millones de facturas adicionales, correspondientes a los primeros meses de 2024, por un valor de 470 millones de pesos. Según Rubiano, esta acumulación de facturas ha dificultado el cierre de los estados financieros, aunque aseguró que los pendientes de 2023 ya han sido radicados y auditados.

Uno de los problemas más críticos que enfrenta la Nueva EPS es su creciente deuda con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Según datos de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, en junio de 2024, la deuda total de la aseguradora ascendía a 4,2 billones de pesos, de los cuales 2,2 billones (53 %) correspondían a cartera en mora.

Esta situación ha llevado a que cada vez más clínicas y hospitales suspendan la atención a los afiliados de la EPS. En Antioquia, por ejemplo, las deudas pendientes superan los 250.000 millones de pesos.

Recientemente, la Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Colombia anunciaron la suspensión de servicios debido a la falta de pago. Según el presidente de la Fundación Cardiovascular, la deuda de la aseguradora con esta entidad supera los 106.000 millones de pesos.

Otro de los desafíos que enfrenta la Nueva EPS es el incumplimiento en la entrega de medicamentos a sus afiliados. La Superintendencia Nacional de Salud señaló que, a pesar de haber realizado pagos por más de 270.000 millones de pesos a Audifarma, esta última incumplió en un 87 % con la distribución de medicamentos.

El superintendente Rubiano explicó que la relación entre ambas entidades se ha deteriorado aún más debido al incumplimiento de Audifarma en el plan de desmonte de su operación en regiones como la zona cafetera, Nariño y Valle del Cauca. Este plan, que debía ejecutarse en un plazo de cuatro meses, no se completó, lo que ha generado una ruptura total entre las dos partes.

La decisión de extender la intervención forzosa ha generado críticas desde distintos sectores. El congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, calificó la medida como una “tragedia” y cuestionó la falta de resultados concretos tras un año de intervención.

“Los interventores no entregan información financiera desde hace un año. Por todo el país, clínicas y hospitales cierran las puertas a sus afiliados por no pago. Y extienden por un año más”, expresó Forero.

Mientras tanto, la Superintendencia Nacional de Salud insiste en que la medida es necesaria para garantizar la estabilidad financiera de la aseguradora y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.