La Procuraduría General de la Nación ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de Justicia que condene al exrepresentante a la Cámara Germán Alonso Olano Becerra por su presunta participación en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.
Según informó el Ministerio Público, el caso se centra en las irregularidades relacionadas con la adjudicación de un contrato en 2007 para la construcción de la Fase III de Transmilenio en la calle 26, un proyecto que involucró pagos ilícitos y acuerdos ilegales entre funcionarios y contratistas.
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De acuerdo con la Procuraduría, Olano habría desempeñado un papel clave en el direccionamiento indebido de este contrato, actuando como intermediario entre el Grupo Nule, los hermanos Samuel e Iván Moreno, y otros funcionarios públicos.
La solicitud de condena se basa en pruebas documentales y testimoniales que, según el ente de control, demuestran que el excongresista utilizó su posición para facilitar la adjudicación irregular del contrato a cambio de beneficios económicos.
El proceso judicial contra Germán Olano se desarrolla en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Según detalló la Procuraduría, el exrepresentante habría participado en reuniones con Miguel Eduardo Nule Velilla, socio del Grupo Nule, y el contratista Héctor Julio Gómez, en las que se acordó el pago de 3.500 millones de pesos para garantizar la adjudicación del contrato. Este monto se dividiría en partes iguales entre Olano y Gómez.
El contrato en cuestión, adjudicado en 2008 por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), tenía un valor superior a los 315.000 millones de pesos. Según la investigación, el Grupo Nule habría acordado pagar una comisión del 8 % del valor del contrato, de la cual el 6 % estaba destinado a los hermanos Moreno y el restante al entonces contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi. En este esquema, Olano habría actuado como “garante” de los acuerdos entre las partes involucradas.
La Procuraduría destacó que la intervención de Germán Olano fue determinante para concretar la adjudicación irregular del contrato. Entre las pruebas presentadas se encuentra una grabación difundida en medios de comunicación, en la que se escucha una conversación entre Olano y Miguel Nule, así como testimonios de miembros del Grupo Nule que corroboran los hechos.
Según el procurador delegado Bladimir Cuadro, estas evidencias demuestran que Olano utilizó su investidura como congresista para influir en el proceso de contratación en beneficio propio y de sus cómplices.
El ente de control también señaló que, aunque Olano no tenía competencias directas en la tramitación de contratos públicos, su participación activa en las negociaciones y su rol como intermediario fueron fundamentales para materializar el favorecimiento indebido.
“El análisis del material probatorio recaudado en el expediente permite inferir, de manera razonada y fundada, que la adjudicación del contrato en cuestión fue el resultado de un acuerdo ilegalmente celebrado, en el cual Germán Alonso Olano Becerra desempeñó un papel determinante y estratégico”, afirmó la Procuraduría en su concepto.
Según el documento del Ministerio Público, la actuación del exrepresentante transgredió valores fundamentales como la moralidad, la imparcialidad, la transparencia, la igualdad y la selección objetiva.
El documento enviado a la Corte Suprema enfatiza que el proceder de Olano no solo afectó la legalidad del contrato, sino que también contribuyó a perpetuar un esquema de corrupción que involucró a altos funcionarios del Distrito y a reconocidos contratistas.
“A cambio de dicha adjudicación irregular, se pactó el pago de una comisión ilícita de 3.500 millones de pesos”, señaló la Procuraduría, subrayando que este tipo de prácticas socavan la confianza en las instituciones públicas.
El escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá ha sido uno de los casos de corrupción más emblemáticos en la historia reciente de Colombia. Este esquema involucró a una red de funcionarios públicos, contratistas y políticos que se beneficiaron de la adjudicación irregular de contratos de obra pública a cambio de sobornos millonarios.
Entre los principales implicados se encuentran los hermanos Samuel e Iván Moreno, quienes ocuparon cargos de alta relevancia en la administración distrital.
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