
Buenaventura, el principal puerto de Colombia sobre el océano Pacífico, enfrenta una alarmante escalada de violencia que ha dejado a sus habitantes en medio de un conflicto territorial entre bandas criminales.
Según informó la Fundación Pares, marzo ha sido el mes más violento de los últimos dos años, con más de veinte homicidios registrados.
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Entre las víctimas se encuentra Vladimir Bravo Núñez, un joven futbolista de 24 años que soñaba con triunfar en el deporte, pero cuya vida fue truncada por las balas.
El asesinato de Bravo ocurrió el domingo 30 de marzo en el barrio La Independencia, cuando el joven salió a comprar comida. El joven fue atacado por hombres armados que se desplazaban en motocicletas.

Las heridas fueron fatales, y el deportista falleció en el lugar. Bravo era jugador del Club Deportivo Oros del Pacífico, equipo local de Buenaventura, y era considerado una promesa del fútbol en la región.
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Su muerte generó indignación y dolor, no solo en su familia y amigos, sino también en la comunidad deportiva y en la población bonaverense.
El club al que pertenecía emitió un comunicado lamentando profundamente su pérdida: “Luto en el fútbol. Lamentamos profundamente el asesinato de Vladímir, jugador del Club Deportivo Oros del Pacífico de Buenaventura. Un joven sano, con sueños y pasión por el fútbol, que nos arrebatan injustamente”.
Además, exigieron justicia y pidieron que la violencia no siga apagando las vidas de los jóvenes en la región.
Ante la creciente ola de violencia, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, han alzado la voz para exigir medidas urgentes que garanticen la seguridad en Buenaventura. Márquez, a través de su cuenta en X, rechazó los hechos violentos y pidió al Gobierno nacional que actúe de manera inmediata.
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“Como Vicepresidenta le he solicitado al Ministro de Defensa y al Alto Comisionado de Paz atender la situación. Solicito se haga un Consejo de Seguridad que defina acciones urgentes para abordar lo que está sucediendo con comunidades confinadas y en medio del conflicto armado”, expresó Marquez.
La vicepresidenta también lamentó el asesinato de Vladímir Bravo y de otros jóvenes que han perdido la vida en medio de la violencia. “Las balas no pueden seguir truncando los sueños de nuestros jóvenes del Pacífico colombiano”, afirmó. Márquez subrayó que la situación en Buenaventura y en otros municipios del Valle del Cauca debe ser una prioridad para el Gobierno, y enfatizó la necesidad de garantizar la paz en los territorios afectados por el conflicto armado.
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Por su parte, la gobernadora Toro hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que participen en el Consejo de Seguridad que se llevará a cabo el próximo 2 de abril en Buenaventura.

“La escalada de violencia en Buenaventura es alarmante. El enfrentamiento entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, y el accionar de otras bandas criminales, ha vuelto a traer la zozobra a nuestro puerto”, manifestó Toro. La mandataria destacó la importancia de fortalecer la presencia estatal en la región para recuperar el control del territorio y proteger a la población.
El asesinato de Vladímir Bravo no es un caso aislado. Según reportó la Fundación Pares, la violencia en Buenaventura se ha intensificado desde que las bandas criminales Los Shottas y Los Espartanos rompieron una tregua que mantenían desde 2021. Este enfrentamiento ha generado una disputa territorial que ha dejado a la población en un estado de constante zozobra. Además, se ha identificado la participación de otro grupo conocido como Los Chiquillos, lo que ha agravado aún más la situación.
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La Fundación Pares explicó que la ruptura de la tregua se produjo tras el asesinato del hijo de un líder de una de estas estructuras criminales, lo que desató una ola de retaliaciones. En los últimos días, se han registrado al menos seis homicidios, entre ellos el de Bravo. La organización también denunció que muchas comunidades están confinadas en sus barrios debido a las amenazas de las bandas, lo que limita su movilidad y acceso a servicios básicos.
En lo que va del año, Buenaventura ha registrado 50 homicidios, una cifra que refleja la gravedad de la crisis de seguridad en la ciudad. Según la Fundación Pares, las comunidades no han vuelto a experimentar tranquilidad desde que se reanudaron los enfrentamientos entre las bandas. La situación ha llevado a que los habitantes utilicen el hashtag #SOSBuenaventura en redes sociales para pedir ayuda al Gobierno Nacional y visibilizar la difícil realidad que enfrentan.
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El asesinato de Vladímir Bravo puso de manifiesto la vulnerabilidad de los jóvenes en Buenaventura, que ven sus sueños truncados por la violencia que azota la región. Su padre, en medio del dolor, expresó su desesperación: “Hoy lloro a mi hijo y no sé cómo voy a continuar. No sabemos qué hacer para proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos. S.O.S. Alcemos la voz, porque así no podemos seguir. Un gran deportista buscando un futuro en el fútbol, pero la guerra de bandas, la delincuencia, le cegó la vida a mi hijo”.
La situación en Buenaventura exige una respuesta inmediata y contundente por parte del Gobierno Nacional. Las comunidades afectadas por el conflicto armado necesitan soluciones que les permitan vivir en paz y recuperar la tranquilidad en sus hogares. Mientras tanto, el asesinato de Vladímir Bravo se suma a una larga lista de tragedias que reflejan la urgencia de actuar para detener la violencia en esta región del Pacífico colombiano.
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