La Corte Suprema de Justicia ha decidido mantener la acusación contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por el delito de hostigamiento agravado, tras una investigación que se extendió por varios meses.
La decisión se fundamenta en publicaciones realizadas por el congresista en su cuenta de X, las cuales, según el alto tribunal, tienen el potencial de incitar al odio y la violencia contra un grupo específico, de acuerdo con El Tiempo.
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El caso se originó el 14 de noviembre de 2023, cuando Polo Polo compartió un mensaje en su red social acompañado de un video que, según el denunciante, promovía el hostigamiento.
En el mensaje, el representante escribió: “¡Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros!”, mientras el video mostraba la quema de una bandera del grupo guerrillero M-19.
De acuerdo con la Corte, el contenido del mensaje y el video no solo es explícito, sino que también genera un “riesgo comunicativo” que podría derivar en daños físicos o morales, incluso si estos no se han materializado.
En la ponencia liderada por el magistrado Francisco Farfán, la Corte Suprema argumentó que el texto y las imágenes compartidas por Polo Polo clarifican una intención de instigar violencia contra personas asociadas a una ideología política específica.
La defensa del congresista intentó argumentar que no se había realizado una investigación exhaustiva sobre las personas que aparecen en los videos compartidos, y que las imágenes no implicaban directamente una incitación a la violencia.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en su análisis realizado el 26 de febrero, concluyó que los mensajes difundidos por el congresista exceden los límites de la libertad de expresión garantizados por la Constitución.
Según detalló el tribunal, el uso de discursos hostiles por parte de figuras públicas como Polo Polo amplifica el impacto de los mensajes y puede incitar a actos de violencia por parte de sus seguidores.
El magistrado Francisco Farfán, encargado de la ponencia, subrayó que el delito de hostigamiento no requiere que se materialicen actos violentos para ser considerado como tal. La naturaleza de este delito, explicó, radica en prevenir la escalada de agresiones motivadas por discursos de odio.
En este sentido, la Corte enfatizó que las declaraciones de Polo Polo constituyen una instigación directa a la violencia política, lo que representa un riesgo para la seguridad de los exintegrantes del M-19 y del presidente Gustavo Petro.
El tribunal también abordó el impacto que este tipo de discursos puede tener en la estabilidad democrática del país.
Según publicó la Corte Suprema de Justicia, los mensajes que incitan al odio y la violencia no solo afectan a las personas directamente aludidas, sino que también generan un clima de polarización que puede debilitar las instituciones democráticas.
En su decisión, la Corte destacó la responsabilidad que tienen los servidores públicos de actuar con prudencia en sus declaraciones, especialmente cuando estas se realizan en plataformas de comunicación masiva.
La libertad de expresión, señaló el tribunal, no es un derecho absoluto y debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
También se mantiene acusación por perjuria contra Gustavo Bolívar
En un nuevo revés judicial para el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, la Corte Suprema de Justicia ratificó el llamado a juicio en su contra, esta vez por el delito de injuria en perjuicio de Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
La decisión se produjo luego de que la Sala de Instrucción desestimara un recurso de reposición con el que la defensa del congresista buscaba anular la acusación.
El proceso penal se originó por una serie de publicaciones en la red social X, en las que Polo Polo responsabilizó a Bolívar del suicidio de dos trabajadores y de presuntamente haber financiado a la llamada “primera línea”. Estas afirmaciones llevaron a Bolívar a denunciarlo por injuria, lo que derivó en la apertura del caso.
Además, la Corte rechazó una retractación presentada por Polo Polo, argumentando que no cumplía con los requisitos legales. Según los magistrados, al tratarse de acusaciones difundidas públicamente en una plataforma digital de amplio alcance, cualquier rectificación debía realizarse por el mismo medio para ser considerada válida.
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