Corte Suprema condenó a 10 años de prisión a magistrados que favorecieron a integrantes de la ‘Oficina de Envigado’

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión a los magistrados del Tribunal de Villavicencio Joel Darío Trejos Londoño, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, por su implicación en actos de corrupción al emitir decisiones judiciales que beneficiaron con libertades o arresto domiciliario a integrantes de grupos paramilitares activos en la zona.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, Díaz Rodríguez tendrá que pagar 128 meses de cárcel y 434 salarios de multa por los delitos de prevaricato por acción agravado en concurso homogéneo.

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En cuanto a Vargas Bautista, su condena quedó en 120 meses de prisión y una multa de 306 salarios por los delitos de prevaricato por acción y cohecho propio en concurso heterogéneo.

Trejos Londoño deberá pagar 120 meses de cárcel y una multa de 306 salarios por los mismos delitos de Vargas Bautista.

Los magistrados que pertenecían al Tribunal de Villavicencio beneficiaron a integrantes de la Oficina de Envigado, entre ellos, “Bacalao” y “Cesarín” .

Además, el expediente contra Vargas Bautista, Trejos Londoño y Díaz Rodríguez, menciona el caso “Autorriling”, donde se menciona fiestas y hospedajes en hoteles a cambio de conseguir ayudas a una pareja que había sido condenada por homicidio.

“Los conceptos del acusado fueron actos de su conocimiento y no una equivocación desafortunada, emitidos al margen de la normatividad y la jurisprudencia a aplicar, de las pruebas y de las reglas de la sana crítica, algo que un funcionario judicial de su experiencia no podía ignorar. Con lo cual se comprueba que su propósito no era impartir justicia sino favorecer a un tercero”, se lee en la sentencia revelada por Caracol Radio.

Este caso resalta la importancia de la integridad judicial y el impacto de las decisiones de los magistrados en el sistema de justicia. La Corte Suprema de Justicia busca con este fallo reafirmar su compromiso con la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública.

La Procuraduría General de la Nación le había solicitado a la Corte Suprema de Justicia que condenara a los tres exmagistrados del Tribunal Superior de Villavicencio por su presunta participación en un caso de corrupción judicial.

El caso involucró la concesión de libertades y detenciones domiciliarias a miembros de grupos paramilitares, así como la revocación de sentencias condenatorias. Entre los beneficiarios de estas acciones se encuentra Martín Farfán Díaz González, alias Pijarvey, un antiguo líder paramilitar de los Llanos Orientales, quien fue abatido por la Policía Nacional en 2015.

En octubre de 2024, la Procuraduría señaló que los exmagistrados recibieron aproximadamente 150 millones de pesos y otras dádivas, como estadías en hoteles, a cambio de sus decisiones judiciales.

Las pruebas presentadas por el Procurador Segundo Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal indican que los exmagistrados incurrieron en delitos de prevaricato por acción y omisión, cohecho propio y concierto para delinquir agravado. Estos delitos, según el Código Penal Colombiano, pueden acarrear penas de prisión significativas, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El prevaricato por acción se refiere a la emisión de decisiones injustas a sabiendas, mientras que el prevaricato por omisión implica no tomar las medidas necesarias para evitar decisiones injustas. El cohecho propio se relaciona con la recepción de beneficios indebidos a cambio de actos relacionados con sus funciones.

Por su parte, el concierto para delinquir agravado implica la colaboración en grupos organizados para cometer delitos, en este caso, dentro del sistema judicial.

La Procuraduría enfatizó sobre la importancia de combatir la corrupción en el sistema judicial colombiano para garantizar la integridad y la justicia en los procesos penales. Se espera que los exmagistrados enfrenten consecuencias legales severas, que pueden incluir varias formas sancionatorias en contra de estos tres togados, reflejando la gravedad con la que el sistema judicial colombiano trata la corrupción y la manipulación de la justicia.