Un proceso de actualización catastral masiva, que abarcará el 44,5% del territorio colombiano, generará un impacto elevado en los impuestos prediales de 282 municipios a partir de 2026.
Según informó la representante por Cundinamarca, Alexandra Vásquez, durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, esta medida, liderada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), podría derivar en aumentos desproporcionados en los avalúos catastrales, lo que preocupa a millones de ciudadanos.
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De acuerdo con lo expuesto por Vásquez, el proceso se implementará en 2025 bajo la Resolución 1912 del 6 de diciembre de 2024, utilizando metodologías indirectas como imágenes satelitales y drones.
La congresista advirtió que estas técnicas, al no incluir verificaciones físicas en terreno ni participación ciudadana, podrían generar errores significativos en los avalúos. “Lo preocupante no es solo la magnitud de esta medida, sino la manera en que se está implementando: sin verificaciones en terreno, sin participación ciudadana y sin mecanismos claros para evitar errores”, afirmó Vásquez.
La representante destacó que el uso de fórmulas y estimaciones basadas en valores comerciales, sin contrastar con la realidad física de los bienes, convierte este ejercicio en un proceso especulativo.
Vásquez señaló que experiencias previas con actualizaciones masivas realizadas por gestores y operadores catastrales sin experiencia han dejado resultados deficientes, como ocurrió en el municipio de Soacha, donde se evidenciaron imprecisiones metodológicas y técnicas.
El Igac planea aplicar esta metodología en 282 municipios distribuidos en 30 departamentos, lo que afectará aproximadamente 50.5 millones de hectáreas.
Vásquez subrayó que esta extensión equivale a casi la mitad del territorio nacional, lo que incrementa el riesgo de errores y afectaciones económicas para los propietarios de bienes inmuebles.
En el departamento de Cundinamarca, los municipios que serán objeto de esta actualización incluyen Agua de Dios, Cabrera, Chocontá, Gachancipá, Guasca, La Calera, Machetá, Mosquera, Pacho, Suesca, Tocancipá y Topaipí.
Vásquez expresó su preocupación por la falta de un marco normativo que mitigue los efectos de estos procesos, ya que, según explicó, no se ha aprobado un proyecto de ley que permita regular los incrementos en los avalúos catastrales.
Actualmente, el Gobierno ha presentado una propuesta legislativa para abordar esta problemática, pero su avance ha sido limitado. Vásquez advirtió que el proyecto solo ha tenido un debate y corre el riesgo de ser archivado en junio de 2024 debido a la falta de voluntad política para continuar su estudio.
Otro de los puntos críticos señalados por Vásquez es la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en el proceso de actualización catastral. Según la congresista, esta falta de inclusión dificulta que los propietarios puedan expresar sus inquietudes o corregir posibles errores en los avalúos.
Además, cuestionó la transparencia del proceso, al no contar con verificaciones en terreno que respalden las estimaciones realizadas por el Igac
La representante también destacó que, aunque el uso de tecnologías como drones e imágenes satelitales puede ser útil para ciertos fines, no reemplaza la necesidad de inspecciones físicas que garanticen la precisión de los datos catastrales. “Hemos evidenciado los terribles resultados que esto ha dejado. Ahora, el Igac pretende actualizar el catastro sin siquiera verificar la realidad física de los bienes”, afirmó Vásquez.
La actualización catastral masiva, tal como está planteada, podría generar un aumento significativo en los impuestos prediales, afectando a millones de propietarios en todo el país. Vásquez hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que se tomen medidas urgentes que permitan mitigar los efectos de esta medida, incluyendo la aprobación de un marco normativo que regule los incrementos en los avalúos.
La representante concluyó su intervención subrayando la necesidad de garantizar un proceso transparente, participativo y técnicamente sólido, que evite errores y distorsiones en los avalúos catastrales. “Es alarmante que se pretenda implementar esta nueva metodología para aumentar los avalúos catastrales cuando no ha sido aprobado un proyecto de ley que permita mitigar los efectos de estos procesos”, enfatizó.
Con la implementación de esta medida en 2025, los municipios afectados deberán prepararse para enfrentar los retos que traerá consigo este proceso, mientras que los ciudadanos esperan que se adopten soluciones que protejan sus derechos y su economía.
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