Fiscalía reveló que Nicolás Petro y Day Vásquez tenían chats que revelarían presuntos aportes irregulares a una campaña electoral

En medio del juicio que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, la fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, reveló nuevas pruebas que apuntan a la existencia de conversaciones comprometedoras entre él y su expareja Day Vásquez. En unos chats, que fueron presentados como parte del material probatorio, se evidenciaría el intercambio de mensajes en los que discutían sobre sumas de dinero que iban a recibir para una campaña electoral en curso.

Durante la audiencia celebrada en Barranquilla, la fiscal indicó que Petro Burgos y Vásquez habrían gestionado contactos y recursos para respaldar una campaña electoral: “Que el señor Nicolás Fernando Petro y la señora Daysuris del Carmen se encontraban en la tarea de contactar personas y buscar apoyos para una campaña electoral. Y también de las sumas de dinero que se debe aportar para la compra de la casa Villa de Palmarito, en Tubará (Atlántico)”.

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El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación también detalla que, en esas conversaciones, provenientes de WhatsApp, además de discutir sobre los aportes económicos para la campaña, se mencionaban adquisiciones de bienes y gastos personales.

“Dentro de esas conversaciones vía WhatsApp entre la señora y el señor Nicolás Fernando se encuentra también la relación de compras suntuosas correspondientes al pago de cirugías, a lo de pago de vehículos, al pago de muebles, electrodomésticos, joyas también sumas de dinero que recibían diferentes a la actividad económica denominadas anticipos y que corresponderían a sumas importantes de dinero tales como 100 o 170 millones de pesos y que algunos de esos pagos esos dineros serán importantes para una campaña electoral en curso”, agregó Laborde en su intervención ante el tribunal.

La Fiscalía centró su acusación en que los dineros presuntamente recibidos por Petro Burgos y Vásquez no tienen un origen justificado dentro de su actividad económica conocida, lo que refuerza la hipótesis de una posible financiación irregular. Estas pruebas se suman a las ya presentadas anteriormente, en las que se señaló que el hijo del mandatario colombiano habría utilizado una empresa como fachada para cometer el delito de lavado de activos.

Según las pesquisas de la Fiscalía, Petro Burgos habría usado la compañía Grupo Delta Limitada con el propósito de ocultar el origen de los recursos obtenidos: “Se ha identificado que la empresa, con sede principal en Bogotá, opera en el sector de servicios de arquitectura, y fue empleada para transferencias y movimientos financieros que pretendían dar apariencia de legalidad a dineros de origen ilícito”. Además, se solicitó una investigación sobre los cheques y transferencias realizadas por Petro Burgos a una fundación, los cuales podrían estar relacionados con estos movimientos financieros irregulares.

El caso contra Nicolás Petro provocó gran atención pública, pues el acusado no solo es el hijo del presidente Gustavo Petro, sino que ocupaba un cargo de relevancia en la política regional como diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico. Es precisamente en medio de esta función que se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

Nicolás Petro y Day Vásquez están siendo investigados por la Fiscalía por los delitos mencionados, pues las indagaciones surgieron tras denuncias sobre el origen de recursos que, según la pesquisa, habrían ingresado a las cuentas del hijo del mandatario sin justificación clara. Se señala que estos fondos, presuntamente recibidos durante la campaña presidencial de 2022, no habrían sido reportados y podrían estar relacionados con aportes de empresarios y terceros. Además, la investigación busca esclarecer si se utilizaron mecanismos irregulares para ocultar el verdadero origen del dinero.

En la actualidad, la investigación de la Fiscalía tomó especial énfasis en la relación de Petro Burgos con distintos actores políticos y empresarios, en lo que parecería ser una red de financiamiento de campañas electorales con recursos de dudosa procedencia. Los chats revelados en el juicio refuerzan la teoría de que parte de esos fondos fueron utilizados no solo para actividades proselitistas, sino para gastos personales y adquisiciones lujosas.

En respuesta a estas acusaciones, la defensa de Nicolás Petro insiste en que las pruebas presentadas son interpretaciones subjetivas de la Fiscalía y que aún no se demuestra que los recursos mencionados en los chats tengan un origen ilegal. No obstante, el organismo judicial reiteró que los indicios apuntan a un entramado financiero irregular que benefició tanto al hijo el mandatario como a su expareja.