
Después de varias semanas negociando, el 11 de marzo de 2025, el gremio arrocero llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional para levantar el paro nacional que tenía bloqueadas las principales vías del país. El convenio incluía el ajuste del precio del cereal, alivio a deudas, protección frente a importaciones, ajuste de la tasa por uso del agua y atención a la crisis fitosanitaria en Norte de Santander.
El Estado también se comprometió a mejorar el financiamiento a los pequeños y medianos productores de arroz, además de crear un fondo de estabilización de precios, una política de libertad vigilada y la revisión de los costos de producción.
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“Disponemos de una bolsa de $21.930 millones para que los pequeños y medianos productores tengan apoyo a la comercialización a través del Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz. También implementaremos una estrategia para avanzar en tareas estructurales”, dijo la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, luego de firmar el acuerdo.
Y agregó: “Por eso, la apuesta es la exportación, las compras públicas y que todas las rutas que activemos las logremos desarrollar para el bien del agro colombiano”.
Solo 11 días después del levantamiento del paro, el sector arrocero denunció por medio de una carta a la Defensoría del Pueblo que el Gobierno nacional habría incumplido varios puntos del acuerdo.
Según la denuncia, no se ha sancionado la resolución de apoyo de comercialización, que es fundamental para que los campesinos que cultivan el alimento se mantengan a flote.

“A la fecha no hemos recibido la resolución de apoyo a la comercialización, la cual quedó comprometido el Ministerio de expedir en la misma semana en la que se finiquitó la negociación. Preocupa a los productores este incumplimiento, toda vez que el retraso llevará a que, cada día que pasa, las pérdidas económicas son crecientes”, se lee en la misiva.
Para el sector productor, la falta de implementación de los acuerdos desemboca en millonarias pérdidas diarias que afectan la economía de miles de personas. “Solicitamos su pronunciamiento ante el Gobierno Nacional para que se cumplan cada uno de los compromisos y en los momentos acordados”.
En otra misiva que enviaron al Ministerio de Agricultura dirigida a Ortega expresaron su preocupación por la falta de ejecución de los compromisos pactados, por lo que solicitaron su gestión en beneficio del sector arrocero.
Incluso, pidieron que se revise la mesa de apoyo a la comercialización del arroz paddy verde, en la que el Gobierno se comprometió a crear una bolsa de casi $22.000 millones.

“La situación es especialmente crítica dado que muchos agricultores ya han comenzado a cosechar sus cultivos y necesitan el apoyo con urgencia para continuar operando en el próximo semestre. La demora en la expedición de la resolución genera cada día que pasa una pérdida económica para los pequeños y medianos productores, a menos que se aplique retroactividad o se amplíe la fecha de terminación del periodo hasta septiembre de 2025″, afirmó el sector.
Y agregó: “Otro de los compromisos asumidos por el MADR fue la activación de mecanismos de apoyo financiero, tales como FONSA, Líneas Especiales de Crédito (LEC), Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) e Incentivo Integral a la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGR), con el objetivo de aliviar las deudas del sector arrocero. Sin embargo, los agricultores han recurrido a las oficinas del Banco agrario y otras instituciones financieras, y no han recibido respuestas claras”.
Los arroceros también mencionaron que en los próximos días se reunirán para discutir las acciones de rechazo y movilización frente a los incumplimientos del Gobierno nacional, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural.
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