Durante cinco años, una mujer en Bogotá, cuya identidad ha quedado en reserva, vivió una pesadilla a manos de su expareja, Jimmy Arango Morales, que la amenazaba con revelar material íntimo si no le entregaba treinta millones de pesos.
La situación escaló hasta que las autoridades intervinieron y lo capturaron en un reconocido centro comercial de la ciudad. Ahora, la Corte Suprema dictó un fallo definitivo en el caso, en el que todo tipo de apelación quedó de lado.
Un reporte que publicó el diario El Tiempo informó que el acoso comenzó en 2009, cuando Arango Morales inició sus exigencias económicas a la víctima, que trabajaba en una entidad bancaria y temía perder su empleo si su expareja cumplía su amenaza de enviar una carta con información comprometedora.
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Con el tiempo, la cifra inicial de treinta millones de pesos se redujo a diez millones, pero las intimidaciones se volvieron cada vez más fuertes y constantes, involucrando incluso a la nueva pareja de la mujer, que también fue presionado para entregar dinero, según informó el medio.
Cansada del acoso y del temor por su seguridad, la víctima denunció los hechos ante el Gaula, la unidad especializada en la lucha contra la extorsión y el secuestro. Las autoridades diseñaron un operativo para capturar a Arango Morales en flagrancia.
Así fue la captura
Siguiendo las instrucciones del Gaula, la mujer acordó una reunión con su extorsionador el 25 de noviembre de 2014, a las afueras del centro comercial Iserra 100, en el norte de Bogotá.
Durante el encuentro, la víctima le entregó un paquete con el dinero exigido. En ese preciso instante, las autoridades intervinieron y detuvieron a Arango Morales frente a un cajero automático del establecimiento.
Al día siguiente, el detenido fue presentado ante el Juzgado 51 de Control de Garantías, donde la Fiscalía lo imputó por extorsión y solicitó su privación de la libertad. Posteriormente, el Juzgado 22 Penal de Conocimiento de Bogotá lo condenó a seis años de prisión y le impuso una multa de 2.000 salarios mínimos. La sentencia fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 9 de septiembre de 2020.
Intentos de revocar la condena
A través del diario se conoció que Arango Morales intentó impugnar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que que su aceptación de los cargos había sido forzada y que se vulneraron sus derechos fundamentales durante el proceso judicial. Alegó que, al momento de la imputación en 2014, se encontraba bajo los efectos del medicamento “tramadol”, lo que, según él, afectó su capacidad de comprender plenamente la situación.
Sin embargo, la Corte desestimó sus argumentos. Señaló que, en el momento de la audiencia, Arango Morales confirmó de manera voluntaria su responsabilidad. “Sí, mi señoría. Estoy consciente de mis actos y le reitero que si pudiera pedir disculpas a la persona en cuestión, a mi expareja, lo haría. Quiero resarcir el daño que ocasioné”, declaró en su momento.
La Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro, confirmó que el proceso cumplió con todas las garantías legales y que las pruebas, incluyendo testimonios y grabaciones de las amenazas, respaldaron la condena.
Con esta decisión, la Corte Suprema ratificó la sentencia en firme contra Jimmy Arango Morales, cerrando un proceso que se extendió por 11 años y garantizando justicia para la víctima de extorsión.
Una pareja es enviada a prisión en Arauca por extorsionar a una mujer con sus fotos íntimas
El pasado 22 de octubre de 2024, en un caso similar al expuesto, las autoridades en Arauca lograron la captura de dos personas acusadas de extorsionar a una mujer mediante la amenaza de divulgar fotografías íntimas. Los detenidos, identificados como Alexi Gheorhagi Bobelo Tarache y Génesis Vanesa Salazar Pedraza, mantenían una relación sentimental y habrían exigido más de cinco millones de pesos colombianos a la víctima para evitar la publicación del material comprometedor.
Los hechos se remontan al 17 de octubre del año anterior, cuando la víctima comenzó a recibir llamadas intimidatorias. En estas comunicaciones, los presuntos extorsionadores exigían el pago de una elevada suma de dinero, amenazando con enviar las imágenes a su lugar de trabajo si no cumplía con sus demandas. Posteriormente, en una nueva llamada, los acusados habrían solicitado un monto adicional de 1.500.000 pesos colombianos (aproximadamente 350 dólares estadounidenses), argumentando que una tercera persona ya tenía acceso al material.
La detención de los implicados se produjo en el momento en que intentaban recibir el dinero exigido. Tras su captura, un fiscal de la Seccional Arauca imputó a la pareja el delito de extorsión agravada en grado de tentativa, cargos que los acusados no aceptaron. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó imponerles una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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