El Centro Democrático, principal partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, no logró reunir las firmas necesarias para llevar a cabo una consulta popular que buscaba frenar las reformas sociales impulsadas por el mandatario.
El plazo extendido para la recolección de firmas venció el 5 de abril de 2024 sin que los organizadores presentaran las rúbricas requeridas, lo que llevó a la Registraduría Nacional a archivar la solicitud.
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La iniciativa, que comenzó en mayo de 2023, tenía como objetivo preguntar a los colombianos si rechazaban las reformas laboral, de salud y pensional propuestas por el Gobierno.
Para ello, el comité liderado por Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud durante el gobierno de Iván Duque, debía recolectar al menos 1.991.310 firmas, equivalentes al 5% del censo electoral. Sin embargo, pese al respaldo institucional del partido y a la meta ambiciosa de alcanzar doce millones de firmas, el esfuerzo no prosperó.
El fracaso de esta iniciativa contrasta con las críticas recientes del uribismo hacia una consulta popular propuesta por el propio Gustavo Petro para medir el apoyo ciudadano a sus reformas.
Figuras políticas como Óscar Villamizar y Cristian Garcés, representantes del Centro Democrático, cuestionaron el costo y la intención de la consulta popular propuesta por el presidente Petro.
Villamizar, que anteriormente coordinó la recolección de firmas para la consulta de su partido, afirmó que este mecanismo podría costar un billón de pesos, recursos que, en su opinión, deberían destinarse a otras prioridades.
Estas críticas resultan paradójicas, ya que el Centro Democrático defendió con vehemencia la consulta popular como herramienta democrática cuando buscaba frenar las reformas de Petro. En su momento, el partido argumentó que las propuestas del Gobierno habían sido diseñadas “a espaldas de los colombianos” y representaban un “riesgo inminente” para el país.
La consulta promovida por el uribismo incluía preguntas específicas sobre cada una de las reformas sociales. Por ejemplo, en el caso de la reforma laboral, se planteaba: “¿Rechaza usted que se elimine el contrato sindical como uno de los mecanismos fraternos de contratación entre las empresas y los empleadores?”.
En cuanto a la reforma a la salud, se preguntaba: “¿Rechaza usted que se elimine a su entidad promotora de salud, EPS?”.
Y sobre la reforma pensional, la pregunta era: “¿Rechaza usted que las cotizaciones a fondos privados de pensiones, que son de los trabajadores, sean trasladados en su totalidad o en una alta proporción a un fondo público, creando dificultades en las pensiones futuras?”.
A pesar de la claridad de las preguntas y del respaldo de figuras destacadas del partido como Paloma Valencia, Miguel Uribe y Carlos Meissel, la recolección de firmas enfrentó múltiples dificultades. Según explicó Aristizábal al Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso coincidió con las elecciones regionales, lo que complicó la logística. Además, mencionó problemas de movilidad para los congresistas del partido debido a la situación de orden público en algunas regiones del país.
El CNE, con ponencia de la magistrada Maritza Martínez, aceptó extender el plazo inicial de recolección por tres meses adicionales, hasta el 5 de abril de 2024. Sin embargo, ni Aristizábal ni los congresistas del Centro Democrático lograron cumplir con el requisito mínimo de firmas, lo que llevó al archivo definitivo de la solicitud.
El desenlace de esta iniciativa representó un revés significativo para el Centro Democrático, que había apostado por la consulta popular como una estrategia para frenar las reformas de Gustavo Petro y movilizar a su base electoral. Además, puso en evidencia las dificultades logísticas y políticas que enfrentan los partidos de oposición para articular mecanismos de participación ciudadana en un contexto de polarización y desafíos de seguridad.
Mientras tanto, las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro continúan enfrentando resistencia en el Congreso de la República, donde no han logrado consolidar mayorías claras. El presidente ha defendido la consulta popular como una forma de legitimar sus propuestas ante la ciudadanía, aunque esta estrategia también ha generado divisiones dentro de su propio movimiento político.
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