
La continuidad de La Rolita enfrenta un momento crítico tras el cierre de las sesiones ordinarias del Concejo de Bogotá sin que se discutiera el proyecto que buscaba garantizar su permanencia. La falta de debate sobre la iniciativa deja en el aire el futuro de una empresa que emplea a más de 700 personas, en su mayoría mujeres cabezas de hogar, y que opera con una flota de buses eléctricos en la capital colombiana.
De acuerdo con diferentes reacciones de los voceros del Cabildo Distrital, como de la Alcaldía Mayor, la situación podría derivar en la liquidación de la empresa, lo que afectaría tanto la movilidad como el empleo en sectores vulnerables de la ciudad.
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El proyecto de acuerdo, presentado por la Administración distrital, tenía como objetivo ratificar la capacidad jurídica de TransMilenio S.A. para ser el accionista mayoritario de La Rolita, subsanando un vicio jurídico identificado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Sin embargo, como se confirmó desde el concejo, la acumulación de otros temas en la agenda legislativa impidió que se abordara el debate, dejando el proyecto relegado en el séptimo lugar del orden del día. Este retraso generó tensiones entre los concejales, quienes han expresado posturas enfrentadas sobre las razones detrás de la falta de discusión.

Posturas divididas en el Concejo de Bogotá
El concejal Julián Triana, del Partido Verde y ponente del proyecto, calificó la suspensión del debate como una decisión arbitraria y perjudicial para las familias que dependen de La Rolita. Triana señaló que más de 700 familias, en su mayoría lideradas por mujeres, podrían verse afectadas por la falta de acción del concejo. “Algunos concejales han decidido frenar el debate con excusas jurídicas para bloquear su permanencia a toda costa”, afirmó el cabildante.
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Por otro lado, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, argumentó que existían impedimentos jurídicos que debían resolverse antes de continuar con la discusión. Briceño presentó una demanda ante la Fiscalía General de la Nación contra la gerente de La Rolita, Carolina Martínez, por presuntas irregularidades en la venta del 20% de las acciones de la empresa a la multinacional Enel.
Dicho señalamiento por parte del cabildante Briceño complicó aún más el panorama, ya que el impedimento presentado por Briceño debía ser estudiado en plenaria, algo que no fue posible antes del cierre de las sesiones ordinarias.
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Desde la sala de prensa del concejal Julián Uscátegui, coordinador ponente del proyecto, se confirmó que el proyecto quedó hundido debido a la imposibilidad de estudiar el impedimento presentado por Briceño. Según se explicó, la administración distrital tendría que convocar sesiones extraordinarias para volver a presentar la iniciativa y garantizar su discusión.
Críticas a la gestión administrativa y política
La concejala Diana Diago aprovechó la situación para lanzar fuertes críticas a la gestión de la exalcaldesa Claudia López, a quien responsabilizó de los problemas jurídicos que enfrenta La Rolita. Diago señaló que el proyecto original carecía de solidez técnica, jurídica y financiera, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de la empresa. Además, instó al actual alcalde, Carlos Fernando Galán, a presentar un proyecto bien estructurado que no comprometa la estabilidad del sistema de transporte público ni las curules de los concejales.
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“Esto no es un capricho político. Aquí ya hay demandas de pérdida de investidura porque la responsable del mal procedimiento se llama Claudia Nayibe López”, afirmó Diago, según consignó el medio. La concejala también criticó los comunicados emitidos por la administración distrital, calificándolos como intentos de trasladar la responsabilidad al Concejo.
El origen del conflicto jurídico
De acuerdo con información proporcionada por la Administración distrital, el problema jurídico que enfrenta La Rolita tiene su origen en la autorización para su creación, otorgada por el Concejo de Bogotá en 2020. Según explicó la alcaldía, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, que autorizaba la creación de la empresa, debido a la ausencia de un estudio demostrativo requerido por la ley. Aunque esta decisión no ordenó la disolución de La Rolita, sí dejó en entredicho la capacidad de TransMilenio para participar en su constitución.
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A partir de eso, el distrito presentó un proyecto de acuerdo para subsanar este vicio jurídico, ratificando la capacidad de TransMilenio como accionista mayoritario de La Rolita. Según lo indicado, el proyecto incluye el estudio demostrativo que exige la ley, lo que permitiría resolver el problema y garantizar la continuidad de la empresa. Sin embargo, la falta de discusión en el concejo ha dejado esta solución en suspenso.
El futuro de La Rolita, en manos del alcalde

El cierre de las sesiones ordinarias del Concejo de Bogotá significa que el alcalde Carlos Fernando Galán deberá decidir si convoca sesiones extraordinarias para abordar el tema o si espera hasta mayo de 2025, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. Esta decisión será crucial para determinar el rumbo de La Rolita y su capacidad para seguir operando bajo el modelo actual.
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La situación plantea un desafío significativo para la administración distrital, que deberá equilibrar las necesidades de movilidad de la ciudad con la estabilidad laboral de cientos de familias y el compromiso ambiental que representa La Rolita. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, dejando en vilo el futuro de un modelo de transporte público que ha sido emblemático para Bogotá.
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