Entre 2022 y 2025, el Congreso de la República ha destinado más de 399.000 millones de pesos al arrendamiento de camionetas blindadas y vehículos de alta gama para garantizar la seguridad de senadores, representantes y algunos funcionarios administrativos del legislativo.
De hecho, según un reciente un informe publicado por la revista Cambio, esta cifra sigue en aumento sostenido, especialmente, por las recientes contrataciones que dejaron en los costos asociados a los esquemas de protección, financiados con recursos públicos, impactando directamente el presupuesto legislativo.
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De acuerdo con el medio, el parque automotor del Congreso cuenta actualmente con 619 vehículos, distribuidos entre las dos cámaras legislativas: la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
Este gasto incluye no solo el alquiler de las camionetas, también el mantenimiento, seguros, impuestos y otros servicios asociados, gestionados a través de convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de los funcionarios en riesgo.
Según el informe, que contó con el registro de los contratos de los últimos dos años y medio, la Cámara de Representantes, como la corporación más grande del Congreso, concentra el mayor gasto en esquemas de protección.
Según los datos revisados, los 188 representantes tienen derecho a dos camionetas blindadas cada uno, mientras que los 16 representantes de las curules de paz cuentan con una camioneta adicional. Además, el director administrativo de la Cámara, John Abiud Ramírez, dispone de dos vehículos, y los siete secretarios de las comisiones constitucionales tienen asignado un vehículo convencional.
En total, el convenio más reciente entre la Cámara y la UNP contempla el arrendamiento de 401 camionetas. Estas incluyen vehículos convencionales tipo ‘station wagon’ con tracción 4x4 y modelos no inferiores a 2020, así como camionetas blindadas con un cilindraje superior a los 2.980 c.c.
Según lo estipula el contrato, la UNP asume los costos de mantenimiento, seguros, impuestos y servicios adicionales, mientras que la Cámara cubre únicamente las multas de tránsito. Por su parte, los congresistas deben asumir los gastos de gasolina, peajes y viáticos de los escoltas asignados.
Entre 2022 y 2025, la Cámara ha firmado tres contratos con la UNP por un total de 279.218 millones de pesos. El contrato más reciente, firmado en febrero de 2024, tiene un valor de 115.957 millones de pesos y estará vigente hasta finales de marzo de 2025.
Según el análisis de Cambio, este gasto representa el más alto entre todas las entidades que tienen convenios con la UNP, superando incluso a organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Desde 2018, la Cámara ha firmado siete convenios con la UNP, acumulando un gasto total de 493.596 millones de pesos. Este aumento sostenido en los costos refleja una tendencia preocupante: en 2018, el gasto fue de 38.000 millones de pesos, mientras que en 2024 alcanzó los 115.000 millones.
En el caso del Senado de la República, los convenios con la UNP se gestionan de manera fragmentada, con contratos separados para los esquemas de seguridad de los senadores y los de algunos funcionarios administrativos.
Según el informe de Cambio, el convenio más reciente, firmado en febrero de 2025, contempla el arrendamiento de 10 camionetas para funcionarios administrativos, con un costo total de 1.194 millones de pesos. De esta cifra, el Senado aporta 703 millones en efectivo, mientras que la UNP cubre los 491 millones restantes en especie, incluyendo salarios, prestaciones sociales y equipamiento de los escoltas.
Además, el Senado ha firmado cuatro contratos en los últimos tres años para garantizar la seguridad de los 108 senadores, quienes tienen derecho a dos camionetas cada uno.
En casos de mayor riesgo, se asignan vehículos adicionales, según los estudios realizados por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem). Estos contratos han representado un gasto total de 116.193 millones de pesos, siendo el más reciente de 24.464 millones, firmado en diciembre de 2024.
En total, el Senado arrienda 218 camionetas para la protección de senadores y funcionarios, lo que ha generado un gasto acumulado de 120.749 millones de pesos entre 2022 y 2025. Este monto, aunque menor al de la Cámara, sigue siendo de gran impacto dentro del presupuesto legislativo.
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