En medio de un contexto de creciente violencia en el departamento del Cauca, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, anunció que no se llevará a cabo la erradicación forzada de los cultivos de coca en la región del Micay.
Según declaraciones realizadas por el funcionario, esta medida será reemplazada por un enfoque de erradicación voluntaria, con el objetivo de evitar mayores tensiones con la población local y los campesinos afectados.
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De acuerdo con las palabras del ministro, difundidas por medios locales, los habitantes de la región fueron manipulados por grupos armados ilegales como los carteles de Carlos Patiño, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y la Segunda Marquetalia, que utilizaron tácticas de desinformación para generar desconfianza hacia las autoridades.
Según explicó el ministro, el gobierno optó por un modelo basado en la erradicación voluntaria y la compra de cultivos de coca, incluyendo sus raíces, como parte de una estrategia integral para transformar el territorio. Este anuncio busca desmentir rumores que, según Benedetti, fueron difundidos por grupos criminales con el objetivo de desinformar a la población.

El funcionario enfatizó que no existe ninguna directriz oficial que contemple la erradicación forzada de cultivos ilícitos en la región. Según sus declaraciones, los rumores sobre esta medida fueron propagados por organizaciones como la Segunda Marquetalia, el grupo de Carlos Patiño y el ELN, que, afirmó, han manipulado a los campesinos con información falsa.
“Ellos han manipulado, han engañado a la población diciendo que va a haber una erradicación forzosa y no la hay. No se va a tocar ninguna de esos cultivos de forma forzada. Todo será voluntario”, aseguró el ministro en su mensaje.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez resaltó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están alineadas con esta política y tienen instrucciones claras de respetar y proteger a los campesinos de la región.
Según el funcionario, el objetivo principal es garantizar la seguridad de los habitantes y abrir espacios para que las instituciones del Estado puedan llevar servicios esenciales como salud, educación y oportunidades de empleo digno. “Nuestra fuerza pública está para abrir el espacio para que ingresen todas las instituciones del Estado y lleven paz, lleven vida a través del trabajo digno, a través de la salud, de la educación y el progreso”, afirmó Sánchez.

El mensaje también incluyó un llamado a transformar el Cañón del Micay en un territorio de vida, paz y desarrollo. Según el ministro, los campesinos de la región han expresado su deseo de progreso, mientras que los únicos opositores a esta transformación son los carteles del narcotráfico. En este sentido, el gobierno se comprometió a actuar con contundencia contra las estructuras criminales y los laboratorios de procesamiento de drogas, conocidos como cristalizaderos, que operan en la zona.
El ministro también destacó el impacto ambiental negativo que generan las actividades de los grupos criminales en el Cañón del Micay, señalando que estas organizaciones están contaminando los ríos de la región. En su mensaje, reiteró que las acciones del gobierno estarán dirigidas a desmantelar estas estructuras ilegales, mientras se protege a los campesinos y se fomenta el desarrollo sostenible en el territorio.
“A nuestro campesino cuidarlo, protegerle la vida. Pero a los cristalizaderos, a las estructuras criminales, a quienes están acabando y envenenando los ríos del Mickey. Vamos con toda la contundencia”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.
“Vamos con toda la contundencia. Vamos a transformar el territorio en un territorio de vida, de paz y progreso. Ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro juramento”, concluyó el ministro, reafirmando la postura del gobierno frente a los desafíos que enfrenta esta región.

La estrategia anunciada por el gobierno refleja un cambio en el enfoque tradicional hacia los cultivos ilícitos en Colombia. En lugar de recurrir a la erradicación forzada, que históricamente ha generado tensiones con las comunidades rurales, el gobierno busca implementar un modelo que priorice el diálogo y la cooperación con los campesinos. Este enfoque incluye la compra de cultivos de coca como una medida para incentivar la erradicación voluntaria y promover alternativas económicas en las zonas afectadas por el narcotráfico.
El anuncio de los ministros del Interior y de Defensa también resaltó la importancia de combatir la desinformación en las comunidades rurales, especialmente en regiones donde los grupos armados tienen una fuerte presencia. Según el funcionario, los rumores sobre la erradicación forzada han sido utilizados por los carteles de la droga para generar miedo y desconfianza entre los habitantes del Cañón del Micay.
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