Diana Ojeda, procuradora delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social, indicó este jueves 6 de marzo de 2025 que el Ministerio de Salud aun se encuentra en desacato respecto al fallo de la Corte Constitucional que le ordena pagar $819.000 millones correspondientes a los ajustes máximos del 2022.
“Es un incumplimiento, un desacato, un desafío a la institucionalidad de la Corte Constitucional”, aseguró Ojeda a medios de comunicación.
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Además, precisó que “se han venido incumpliendo. El Ministerio y la Adres pagaron 200.000 millones, los 600.000 y pico dicen que los van a cumplir en cuotas, y esa no es la orden de la Corte Constitucional”.
Ojeda también se refirió a lo que ha podido encontrar de la Resolución 370 del 28 de febrero de 2025, expedida por el Ministerio de Salud, donde manifestó que la cartera iba a cumplir la orden de la Corte Constitucional.
“Él (Guillermo Alfonso Jaramillo) va a tomar las decisiones, no va a tener en cuenta todos los estudios técnicos que tienen los diferentes expertos para el análisis de la UPC. Por otro lado, la convocatoria a las asociaciones regionales, ¿cuándo se va a concretar eso?”, expresó Ojeda.
La declaración de Diana Ojeda, procuradora delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social, culminó diciendo que espera que las mesas anunciadas por el Ministerio de Salud tengan los resultados esperados por la cartera. “No es que al final sea: yo los escucho, pero yo decido”, aseveró la alta funcionaria.
La Corte Constitucional, a través del Auto 007 de 2025, determinó que el Ministerio de Salud no logró demostrar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente a 2024. La UPC representa el monto que se asigna a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado con el propósito de garantizar la prestación de los servicios de salud. Ante esta situación, el alto tribunal ordenó el reajuste de la UPC tanto para 2024 como para 2025.
Como parte de la decisión, se instruyó la creación de una mesa de trabajo enfocada en revisar la suficiencia de la UPC de 2024. Esta instancia no solo evaluará el cálculo realizado para dicho año, sino que también examinará posibles rezagos en los valores establecidos en 2021, 2022 y 2023.
El Ministerio de Salud explicó que este espacio permitirá contrastar información sobre la metodología utilizada para calcular la UPC, así como obtener insumos técnicos que faciliten la evaluación de su suficiencia. La mesa estará integrada por varias entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud.
Además, en este espacio participarán las EPS, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), asociaciones de pacientes y representantes del sector académico. Cada grupo deberá designar a sus delegados para intervenir en la discusión y análisis de la UPC. Con esta medida, se busca garantizar la estabilidad financiera del sistema de salud y la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos.
El Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la mejora del sistema de salud en el país, asegurando que actuará conforme a la Constitución y las leyes vigentes. Asimismo, manifestó su disposición a atender los requerimientos de las autoridades competentes en este proceso.
Por su parte, la Corte Constitucional aclaró que su función en este seguimiento es verificar si el Ministerio de Salud ha cumplido con las órdenes de la Sentencia T-760 de 2008 en lo relativo a la suficiencia de la UPC, en particular las órdenes 21 y 22. Sin embargo, la definición del valor adecuado de la UPC sigue siendo responsabilidad del Ministerio, como ente rector de la política pública en salud.
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