Una investigación liderada por la Corte Suprema de Justicia ha puesto en el centro de atención al Instituto Nacional de Vías (Invías), en el marco de un escándalo de corrupción que involucra a congresistas y la adjudicación de contratos de obra pública.
Según informó la Corte, los delegados realizaron una visita sorpresiva a las oficinas del Invías con el objetivo de recopilar pruebas documentales y registros internos que permitan esclarecer cómo se asignaban los contratos y si existía una relación directa entre estas adjudicaciones y los parlamentarios implicados.
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De acuerdo con las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el esquema de corrupción operaba a través de entidades como el Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según detalló la Corte Suprema, la matriz gestionada por Benavides contenía información específica sobre las obras públicas asignadas y los nombres de los congresistas que habrían recibido beneficios a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno. Este documento, que ahora forma parte de las pruebas en la investigación, es considerado un elemento crucial para determinar las responsabilidades de los implicados.
La visita de la Corte Suprema al Invías
El 6 de marzo de 2025, delegados de la Corte Suprema de Justicia llegaron a las instalaciones del Invías para recopilar pruebas y documentos que permitan esclarecer los hechos. Según un comunicado oficial, el instituto expresó su disposición total para colaborar con las autoridades judiciales.
“El Invías está comprometido con la verdad y la justicia, garantizando que las solicitudes de las autoridades sean atendidas de manera oportuna. Estamos colaborando plenamente y suministrando toda la información necesaria que requiera la respectiva autoridad para esclarecer los hechos objeto de investigación”, indicó la entidad en el comunicado.
Además, se confirmó que el director del Invías, Juan Carlos Montenegro, y varios congresistas implicados en el caso fueron citados para rendir cuentas sobre su presunta participación en la red de contratos.
Cambios en la dirección del Invías
La investigación coincidió con la renuncia de Juan Carlos Montenegro como director general del Invías. Montenegro, quien asumió el cargo en junio de 2024, presentó su dimisión en medio de las crecientes críticas por la gestión financiera de la entidad y los señalamientos de corrupción.
Su reemplazo será Jhon Jairo González, quien se desempeñaba como subdirector del instituto.
Uno de los puntos más delicados de la gestión de Montenegro fue el señalamiento de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que denunció el incumplimiento de pagos por cerca de 1 billón de pesos a empresas de consultoría e interventoría, lo que afectó el desarrollo de proyectos clave en el país.
Los congresistas salpicados
La investigación de la Corte Suprema involucra a varios senadores y representantes de distintos partidos políticos. De acuerdo a medio como El Tiempo y Semana, entre los nombres mencionados están:
Senadores:
- Juan Diego Echavarría (Liberal)
- Efraín Cepeda (Conservador)
- Juan Carlos Garcés (Partido de la U)
- Juan Pablo Gallo (Liberal)
- José Alfredo Gnecco (Partido de la U)
- Liliana Bitar (Conservador)
- Karina Espinosa (Liberal)
Representantes a la Cámara:
- Juan Loreto Gómez (Conservador)
- Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde)
- Katherine Miranda (Alianza Verde)
- Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de la U)
- Daniel Restrepo (Conservador)
- Wadith Manzur (Conservador)
- Julián Peinado (Liberal)
- Juan Diego Muñoz (Partido de la U)
- Wilmer Castellanos (Alianza Verde)
- Silvio José Carrasquilla (Liberal)
- Álvaro Henry Monedero (Liberal)
- Elkin Rodolfo Ospina (Alianza Verde)
- Wilder Iberson Escobar (Gente en Movimiento)
- Milena Jaraba (Partido de la U)
- Sandra Aristizábal (Liberal)
- Kellyn Johana González (Liberal)
- Yamil Arana (Conservador)
- Juliana Aray Franco (Conservador)
- Néstor Leonardo Rico (Cambio Radical)
- Wilmer Yesid Guerrero (Liberal)
El relato de Benavides fue determinante para que la Corte Suprema intensificara la investigación. La exasesora reveló que, en 2023, varios congresistas recibieron adiciones en contratos de obra pública gestionados desde el Invías y la Ungrd.
Su participación en la red fue impulsada por órdenes directas del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aunque ella asegura que desconocía los detalles de las negociaciones.
Benavides asumió el rol de enlace con los parlamentarios luego de reemplazar a Andrea Ramírez, quien llevaba el registro detallado de las obras y los congresistas beneficiados. Ahora, Benavides y su familia han solicitado garantías de seguridad debido a la gravedad de la información que posee.
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