
En medio de la audiencia de alegatos de conclusión ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el exsenador Ciro Alejandro Ramírez defendió su inocencia y solicitó ser absuelto de los cargos en su contra, argumentando que no existe prueba alguna que lo vincule con el direccionamiento de contratos en el entramado de corrupción conocido como “Marionetas 2.0″.
Ramírez, excongresista del partido Centro Democrático, enfrenta acusaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, el exsenador habría usado su influencia política para manipular contratos en entidades estatales en beneficio de terceros, a cambio de favores políticos y económicos.
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Durante su intervención, Ciro Ramírez enfatizó que nunca sostuvó reuniones con los testigos clave del caso, Pablo Herrera, exgerente de la empresa Proyecta Quindío, y Pierre García, exdirector del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS), en el periodo comprendido entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre de 2021. La investigación se centra en el convenio 670, suscrito el 12 de noviembre de ese año, en el cual se habría dado direccionamiento ilícito de recursos públicos.
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“No existe encuentro personal entre Pablo Herrera y el señor Pierre García en algún lugar del Planeta Tierra. No existe llamada, ni mensaje de WhatsApp (...). Yo no tuve nada que ver, yo los presenté, lo que hayan hecho después no tuve nada que ver”, declaró el exsenador en su defensa.

Ramírez insistió en que su relación con Herrera y García fue estrictamente política y que no intervino en ningún acto corrupto para beneficiarse o financiar su campaña al Senado. También descalificó las acusaciones en su contra, señalando que si hubo irregularidades en los contratos fue por acción de terceros.“Es irónico que los que ahora son las víctimas son los que realizaron los hechos: ‘Proyecta’ y su exgerente”, manifestó.
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El exsenador se mostró visiblemente afectado al mencionar las consecuencias que el proceso judicial ha tenido en su vida personal. Entre lágrimas, se refirió a su hijo de cuatro años y a las limitaciones que enfrenta para verlo debido a su situación jurídica. “Tengo un hijo de 4 años, que en la única visita que tengo un domingo cada mes, no entiende por qué no me puedo ir a la casa con él por delitos que no he cometido”, expresó.
En su alegato final, criticó el curso del proceso en su contra, afirmando que “esto no es serio con los Derechos Humanos ni con la libertad” y pidió que su caso sea revisado con mayor rigurosidad, insistiendo en que no hay pruebas concluyentes que ameriten una condena.
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La Procuraduría pidió fallo condenatorio

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que emita un fallo condenatorio en su contra. Según el organismo de control, hay suficientes elementos materiales probatorios que demuestran la participación del exsenador en un esquema de corrupción para desviar recursos estatales.
De acuerdo con los alegatos de la Procuraduría, Ramírez utilizó su cargo e influencias para favorecer la adjudicación de contratos en el DPS a través de Proyecta Quindío, exigiendo a cambio sumas de dinero. Con esto, presuntamente buscaba consolidar su poder político en regiones como Armenia y Manizales. “En lo referente a la idealización, liderazgo, organización y/o estructuración del entramado criminal, estima este despacho que para el excongresista le era justo y necesario contar, acordar y estructurar todo lo pertinente con el representante legal de la entidad para la fecha”, señalan los documentos presentados por la Procuraduría.
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Según la entidad, hubo reuniones clave en las oficinas del DPS en las que participaron Ramírez, Pierre García y Alejandro Noreña, uno de los principales implicados en el entramado de corrupción de “Las Marionetas”, para definir la distribución de los contratos. Asimismo, el Ministerio Público alegó que existen pruebas de que Ramírez habría ejercido presiones y ofrecido dinero a Pablo Herrera, que actualmente se encuentra privado de la libertad por estos hechos.
Por su parte, la defensa de Ciro Ramírez solicitó su absolución por duda razonable, argumentando que no existen pruebas suficientes para condenarlo y que los testimonios de los testigos deben ser revisados de manera más detallada. Se espera que la Corte Suprema convoque en los próximos días la audiencia de sentido de fallo, en la que se definirá si el exsenador será condenado o absuelto en este proceso.
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