La controversia en torno a la canción +57, que reúne a destacados exponentes del reguetón colombiano como Karol G, J Balvin, Maluma, Blessd, Feid, Ryan Castro y Ovy On The Drums, escaló hasta el ámbito judicial.
Una acción de tutela presentada ante el Consejo de Estado busca que los artistas ofrezcan disculpas públicas y eliminen el tema de sus plataformas digitales, argumentando que su contenido vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
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De acuerdo con la tutela, interpuesta por dos ciudadanos que se identificaron como “agentes oficiosos” en representación de los menores de edad del país, la canción promueve la explotación infantil, la sexualización de menores y la violencia, problemáticas que afectan gravemente a la sociedad colombiana.
La frase “una mamacita desde los fourteen (14 años)” ha sido señalada como el principal detonante de la controversia, al interpretarse como una apología a conductas inapropiadas hacia menores de edad.
En desarrollo del proceso judicial, los abogados de J Balvin y Karol G presentaron sus descargos ante el Consejo de Estado, según detalló Semana, en un documento de 11 páginas, los representantes legales de J Balvin destacaron que la letra de la canción fue modificada en las plataformas digitales, incluyendo el video en YouTube, para evitar interpretaciones erróneas.
La frase “desde los fourteen” fue reemplazada por “desde los eighteen (18 años)”, haciendo referencia a una persona mayor de edad.
Los abogados de los artistas argumentaron que esta modificación, realizada el 13 de noviembre de 2024, resuelve el problema planteado en la tutela, por lo que consideran que las pretensiones de los demandantes carecen de fundamento. Además, subrayaron que la canción no incita ni promueve delitos sexuales, especialmente en relación con menores de edad, y defendieron el derecho a la libertad de expresión de los artistas involucrados.
Por su parte, la defensa de Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, recordó que la artista ofreció disculpas públicas tras las críticas iniciales. En su declaración, enfatizó que nunca existió la intención de promover conductas inapropiadas ni de respaldar acciones que pudieran afectar la reputación de Colombia.
Según la respuesta presentada, el objetivo de la canción era rendir homenaje a la cultura y las figuras representativas de la ciudad, buscando fortalecer el orgullo colectivo y la unidad.
El debate en torno a +57 también generó reacciones de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Defensoría del Pueblo, que expresaron su preocupación por el impacto de la canción en la percepción de los menores de edad. El Icbf calificó el tema como una muestra de la cultura machista y misógina, al considerar que perpetúa la sexualización de niñas y adolescentes, quienes constituyen la mayoría de las víctimas de violencia sexual en el país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó a los artistas a reconsiderar no solo la frase polémica, sino el mensaje general de la canción. En su opinión, los músicos deberían aprovechar su influencia para crear contenidos que reflejen la realidad colombiana y promuevan valores positivos.
“Cuando hablamos de chicas que son mamacitas desde la adolescencia, expresamos, como si fuera natural, que es una virtud que sean deseadas por hombres mayores”, afirmó Marín, que también sugirió que los artistas podrían contribuir a construir una masculinidad alejada de la violencia machista.
La canción +57, que inicialmente se perfilaba como un éxito para 2024 al reunir a varias de las figuras más importantes del reguetón colombiano, quedó marcada por la controversia. La polémica puso en el centro del debate la responsabilidad de los artistas en la creación de contenidos que puedan influir en la sociedad, especialmente en audiencias jóvenes.
El caso también plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito artístico y su relación con los derechos fundamentales de los menores de edad. Mientras el Consejo de Estado evalúa los argumentos presentados por ambas partes, la discusión sobre el impacto cultural y social de la música urbana continúa generando opiniones divididas en Colombia.
La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en el país, no solo para la industria musical, sino también para el debate sobre la protección de los derechos de los menores frente a los contenidos mediáticos.
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