Excomandante del Ejército y otros 34 militares fueron vinculados por la JEP por la tortura y desaparición de más de 400 civiles en los llamados “falsos positivos”

La Jurisdicción Especial para la Paz le imputo cargos a más de cuarenta funcionarios de las Fuerzas Militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos, cuatro generales de Ejército Nacional, por 442 casos de falsos positivos en el departamento de Antioquia entre los años 2004 y 2007.

Entre ellos esta el general (r) Óscar Enrique Peña, perteneciente de la Cuarta Brigada del Ejército. Los generales en retiro tendrían responsabilidad en crímenes y desaparición forzada de civiles que se reportaron como bajas en combate como resultado de operaciones del Ejército Nacional en la región

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La magistrada Catalina Díaz así lo detalló en la audiencia de imputación de la JEP: “Los generales retirados del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Pisa Gaviria, comandantes y jefe de operaciones de la Cuarta Brigada entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de conteo de cuerpos, que desató el patrón macrocriminal en el que al menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en el departamento de Antioquia”.

Asimismo, fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales pertenecientes a seis batallones de la institución, por liderar la implementación de esta política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes. Además, dos civiles también fueron involucrados y se les acusa de hacer parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares a cambio de sumas de dinero para que las asesinaran.

La magistrada, en entrevista con Caracol Radio, explicó que desde la Sala de Reconocimiento se ha dado prioridad a seis territorios donde se concentró el mayor número de estos asesinatos.

Señaló que Antioquia es el departamento con la mayor cantidad de falsos positivos en el país, representando una cuarta parte de los homicidios y demás conductas registradas entre 2004 y 2007.

Díaz afirmó que, dentro de las investigaciones, se logró determinar que el costo por persona asesinada oscilaba entre 2 y 3 millones de pesos: “Pudimos establecer que estos generales pusieron en marcha una política de facto. No era una política de Estado, sino una aplicada en la práctica, en la realidad de los teatros de operaciones, una política que privilegiaba el conteo de cuerpos del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito militar”, indicó la magistrada en la conversación con el medio.

Como parte de esta estrategia, se exigía una cuota de bajas semanal o mensual, y a cambio se otorgaban beneficios inmediatos tras reportarlas. “Si uno reportaba bajas, recibía permisos, felicitaciones, condecoraciones, viajes al exterior y ascensos. Por el contrario, si no las reportaba, era objeto de burlas públicas, amenazas de ser retirado del Ejército o de ser enviado a zonas donde las FARC aún ejercían cierto control o a territorios minados. Se les señalaba como soldados perezosos, que se comían el sueldo, que no trabajaban y que no eran capaces de conducir la guerra como se debía”, agregó la magistrada.

El comandante exigía resultados a sus oficiales y los llamaba uno por uno para que reportaran las novedades.

Uno de los puntos que abordó Díaz fue la designación de los llamados “buenos soldados” y las prácticas que empleaban para incrementar el número de bajas. Explicó que, con el tiempo, estos grupos se apoyaron en civiles para conseguir víctimas, lo que derivó en la conformación de una organización criminal y en la conversión de estas ejecuciones en un negocio.

“Se trataba de conseguir víctimas, llevarlas al lugar donde serían asesinadas, engañarlas, especialmente con falsas ofertas de trabajo, conducirlas hasta los puntos previamente acordados con las unidades militares y entregarlas para su ejecución. Por ello cobraban entre 2 y 3 millones de pesos”, detalló la magistrada.