Ministerio de Defensa ofrece hasta $50 millones de pesos por información sobre delitos electorales

Desde el Ministro de Defensa, encabezado por Pedro Arnulfo Sánchez, han puesto en el centro del debate la relación entre la seguridad y la libertad de los ciudadanos en las urnas de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026.

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad integrada por organizaciones de la sociedad civil y académicos de distintas universidades, no existe una vinculación directa entre la actividad de los grupos armados ilegales y la determinación de los votantes en Colombia. Según el organismo, “los ciudadanos ejercen su voto de manera autónoma”, lo que desvirtúa la narrativa que asocia el sufragio con la imposición de actores violentos.

El informe de la MOE, completamente independiente de cualquier instancia gubernamental o partido político, citado por Pedro Arnulfo Sánchez, subrayó que la presencia de estructuras criminales en algunas regiones no implica una manipulación generalizada de la voluntad popular.

Las conclusiones destacaron que la desinformación y los rumores sobre una supuesta coacción alimentan la desconfianza, generando un ambiente de incertidumbre que amenaza la legitimidad del proceso electoral.

“La desinformación representa una amenaza que debe ser enfrentada para evitar que la paranoia y la sospecha se arraiguen”, afirmó Sánchez.

En Colombia, los principales grupos delictivos identificados por las autoridades incluyen al Clan del Golfo (EGC), considerado la organización criminal con mayor capacidad operativa, seguido por el ELN y las disidencias lideradas por las facciones de Mordisco y Calarcá. Frente a estas amenazas, la Fuerza Pública ha desplegado una estrategia sostenida para limitar el accionar de estos grupos.

Durante los últimos cuatro años, se han neutralizado más de 16.000 integrantes vinculados a estas estructuras, en un contexto en el que, cada 20 horas, se produce un enfrentamiento entre fuerzas oficiales y organizaciones ilegales.

Otra medida clave para proteger la integridad del proceso electoral es la prohibición del uso de celulares y cámaras en las mesas y puestos de votación. Esta restricción busca impedir delitos como el constreñimiento al sufragante y otras prácticas que puedan poner en riesgo la transparencia en la jornada.

Con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro de los comicios, el gobierno y las autoridades electorales han dispuesto un operativo especial que contempla el despliegue de 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura y judicialización de autores de delitos electorales.

Entre las conductas perseguidas figuran la violencia, las amenazas y el constreñimiento al votante, así como la compra de votos, la corrupción electoral, el fraude, la suplantación y el voto ilegal.

Gustavo Petro solicitó investigar a miles de funcionarios y policías por presunto constreñimiento

El presidente Gustavo Petro pidió el viernes 12 de junio de 2026 a la Procuraduría General de la Nación abrir investigación contra 17.000 funcionarios de alcaldías locales y 200 miembros de la Policía Nacional por posibles actos de constreñimiento electoral.

El anuncio se produjo tras la publicación de una investigación del medio Cuestión Pública, que reveló la existencia de una base de datos vinculada a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella con información personal de 1,4 millones de ciudadanos.

Petro comunicó en la red social X que la información sería remitida a la Fiscalía General y a organismos internacionales de veeduría electoral.

El mandatario aseguró que estos funcionarios estarían involucrados en prácticas que podrían vulnerar el derecho al voto de miles de personas.

La investigación periodística identificó registros de contratistas, funcionarios y policías presuntamente asociados a una red de referidos utilizada para captar apoyos electorales durante la campaña.

El caso del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, fue destacado tras ser denunciado por supuesta coacción y participación indebida en política. Aunque las misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea descartaron irregularidades en la primera vuelta, la solicitud presidencial reavivó el debate sobre la transparencia electoral antes del balotaje.