El presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación profunda sobre lo que describió como un “régimen de corrupción” en el puerto de Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia.
Según el mandatario, este lugar se convirtió en un epicentro de actividades ilícitas, donde el narcotráfico y el contrabando operan de manera interconectada.
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Durante la ceremonia de transmisión de mando del nuevo director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, Petro afirmó que estas prácticas ilegales no solo afectan la economía del país, sino que también representan una amenaza directa para la paz y la estabilidad de la nación.
De acuerdo con las declaraciones del presidente, el puerto de Buenaventura es un punto clave para la salida de toneladas de cocaína hacia mercados internacionales y, al mismo tiempo, para la entrada de mercancías de contrabando, como ropa de origen chino y coreano, adquirida con dinero proveniente del narcotráfico.
El jefe de Estado enfatizó que esta dinámica ilícita no es un fenómeno aislado, sino que está respaldada por una red de corrupción que involucra a servidores públicos, políticos, contrabandistas y narcotraficantes. “El contrabando no es sino la otra cara del narcotráfico”, afirmó el mandatario, según consigna la prensa nacional.
El presidente Petro explicó que el contrabando que ingresa por Buenaventura no solo afecta la economía formal, sino que también destruye sectores clave como la industria textil. Según el mandatario, esta industria ha sido golpeada durante décadas debido a la entrada masiva de productos ilegales, aunque se destacó que su gobierno está trabajando para revitalizarla mediante una lucha frontal contra el contrabando.
“La economía textil está reviviendo gracias a esta lucha”, aseguró.

El mandatario también señaló que el narcotráfico y el contrabando en Buenaventura operan bajo un “sello oficial”, lo que implica que las actividades ilícitas cuentan con la complicidad de las autoridades estatales.
En este sentido, mencionó casos como el de Diego Marín alias Papá Pitufo, un contrabandista que, según el presidente, durante 38 años sobornó a altos funcionarios, incluidos generales, oficiales, senadores y empleados de entidades como la Dian y las aduanas. “A los narcotraficantes y contrabandistas no se les ha juzgado, sino que se les ha sacado de los procesos”, afirmó Petro, aludiendo a la impunidad que ha caracterizado estos casos.
Durante su intervención, el presidente fue enfático al señalar que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para la paz en Colombia. Según Petro, existe una alianza entre actores corruptos dentro del Estado y organizaciones criminales externas, lo que ha dado lugar a un régimen de corrupción con poder político.
Este poder, afirmó, se utiliza para garantizar la impunidad y permitir el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia. “La violencia es lo que viene descomponiendo a la sociedad colombiana toda, y es el comienzo del fin de una nación”, advirtió.
El mandatario subrayó que romper los vínculos entre la corrupción estatal y la delincuencia organizada es uno de los mayores retos para el país. “Si queremos seguir levantando la bandera de Colombia, limpia, entonces tenemos que cortar los lazos entre corrupción política estatal y la delincuencia común del narcotráfico”, afirmó.

Además, instó al general Triana, nuevo director de la Policía Nacional, a liderar esta lucha y desmantelar las redes de corrupción que operan en el puerto de Buenaventura y otros puntos estratégicos del país.
Petro también hizo referencia a la continuidad de las redes criminales, señalando que los espacios dejados por contrabandistas o narcotraficantes capturados son rápidamente ocupados por otros actores. “Lo hemos visto una y mil veces con el narcotráfico y así es con el contrabando”, afirmó.
En este contexto, mencionó a alias “Pacho Malo” y alias “Papá Pitufo” como ejemplos de contrabandistas que han operado bajo este régimen de corrupción. Según el presidente, estas bandas no solo han sobornado a las autoridades encargadas de frenar el contrabando, sino que también han contribuido a la perpetuación de un sistema que afecta gravemente la economía y la seguridad del país.
El mandatario reveló que su gobierno está trabajando para lograr la extradición de algunos de estos contrabandistas, como parte de su estrategia para combatir estas redes criminales. Sin embargo, reconoce que el problema es estructural y requiere un esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado para erradicarlo de manera efectiva.

En su discurso, Petro reiteró su llamado a la Fiscalía para que investigue a fondo las actividades ilícitas en el puerto de Buenaventura. Según el presidente, el grueso del contrabando que ingresa al país pasa por este puerto y luego se distribuye libremente por las carreteras hacia ciudades como Bogotá, Medellín e Ibagué. Además, denunció que algunas autoridades policiales y militares están confabuladas con los contrabandistas, lo que dificulta la lucha contra estas prácticas ilegales.
El presidente también destacó la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el contrabando y el narcotráfico, y pidió al general Triana que asuma un papel protagónico en esta tarea. “General Triana, eso es lo que usted tiene que romper”, afirmó, en referencia a las redes de corrupción que operan en el puerto de Buenaventura.
Las declaraciones del presidente Petro ponen de manifiesto la magnitud del desafío que enfrenta Colombia en su lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la corrupción. Según el mandatario, estas problemáticas no solo afectan la economía y la seguridad del país, sino que también representan una amenaza existencial para la nación. “El régimen de corrupción se acaba o es Colombia la que se acaba”, advirtió.
El puerto de Buenaventura, como principal punto de entrada y salida de mercancías en Colombia, se encuentra en el centro de este complejo entramado de actividades ilícitas. La investigación solicitada por el presidente será clave para determinar el alcance de estas redes de corrupción y para implementar medidas efectivas que permitan desmantelarlas.
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