Campesinos en Boyacá anunciaron movilizaciones contra el Gobierno: calificaron propuestas de “absurdas” e “inviables”

La inconformidad de los campesinos de los páramos de Boyacá alcanzó un punto crítico. Y es que, tras una reunión en El Espino, las comunidades afectadas decidieron convocar una movilización nacional para el próximo 4 de agosto de 2025.

El motivo principal es la falta de soluciones concretas por parte del Ministerio de Ambiente frente a las problemáticas derivadas de la delimitación de los páramos y la zonificación establecida por la Ley Segunda. Los líderes campesinos han advertido que las protestas incluirán bloqueos en diversas regiones del país.

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Dicha reunión contó con la presencia de representantes del Gobierno Nacional y Departamental, así como de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y Corpoboyacá. Sin embargo, los voceros campesinos señalaron que las propuestas presentadas por el Ministerio de Ambiente fueron calificadas como “absurdas e inviables”, lo que generó un profundo malestar entre los asistentes.

Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, expresó su descontento al afirmar que el Ministerio no cumplió con las expectativas de la comunidad ni asumió compromisos claros.

“Nos habían dicho que hoy traerían respuestas claras a las exigencias que planteamos en diciembre, pero no pudieron concretar nada y, al final, abandonaron la reunión sin asumir compromisos con la Procuraduría ni la Defensoría del Pueblo”, comentó el dirigente.

La delimitación del Páramo de la Sierra Nevada del Cocuy, según los líderes campesinos, ha generado graves afectaciones en varios municipios de la región. Según detallaron, esta medida fue implementada sin respetar la Constitución, la ley ni los acuerdos internacionales. Por ello, exigen su derogatoria y una revisión exhaustiva de la zonificación establecida durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Los municipios más afectados, como Cocuy, Güicán, El Espino y Chiscas, han sido clasificados como “Zona Tipo A”, lo que implica la prohibición de cualquier actividad productiva. Frente a ello, Arango explicó que esta situación pone en riesgo la supervivencia de las comunidades locales.

Y es que, en el caso de El Cocuy, el 100% del territorio queda excluido de actividades económicas; en Güicán, el 80%; mientras que El Espino y Chiscas enfrentan restricciones que los condenan a la improductividad.

El líder campesino también destacó que estas medidas podrían provocar el desplazamiento masivo de las comunidades. “Nos están condenando al desplazamiento. No es solo que algunos municipios puedan desaparecer, sino que toda la provincia de Gutiérrez en Boyacá quedará afectada”, afirmó.

De igual forma, los campesinos rechazaron categóricamente las acusaciones de que son responsables de la degradación de los páramos. Las comunidades aseguran haber sido históricamente protectoras del ecosistema y consideran injusto que se les culpe de los daños ambientales.

“Nos han dicho mil veces que nosotros hemos destruido el páramo, pero eso no es cierto. Nosotros lo hemos protegido, lo hemos trabajado sin degradarlo. El Gobierno quiere desplazarnos bajo el pretexto de la protección ambiental, pero no lo vamos a permitir”, declaró Arango durante la reunión.

Arango denunció que las delegadas del Ministerio de Ambiente han cambiado constantemente sus argumentos en cada reunión, lo que ha generado desconfianza entre las comunidades. “Las delegadas del Ministerio siguen con su plan de engañarnos, cambiando la ley y las resoluciones en cada discurso. No vale de nada decirles que sean leales a la verdad, porque en cada reunión modifican sus argumentos para calmar la situación, mientras siguen imponiendo medidas que afectan a los campesinos”, concluyó.

Ante tal situación, los campesinos aseguraron que permanecerán en las carreteras de Colombia el tiempo que sea necesario para exigir soluciones.

“Esperamos que campesinos de los páramos de Boyacá y Cundinamarca se unan a esta lucha. No podemos permitir que nos expulsen de nuestras tierras con falsas promesas de pago por servicios ambientales o proyectos inviables”, enfatizó Arango.