En mayo de 2021, el Gobierno colombiano y diversas entidades acordaron un Plan de Acción Específico (PAE) para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, dos islas gravemente afectadas por el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.
El acuerdo contemplaba la restauración de la infraestructura dañada, incluyendo viviendas, servicios básicos y vías de acceso. Sin embargo, a casi cuatro años de este compromiso, la situación en la isla sigue siendo crítica.
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De acuerdo con RCN Radio, las comunidades afectadas, encabezadas por ciudadanos como Arelys Fonseca, han calificado los avances como “sencillamente inaceptable, sabiendo que la temporada de huracanes o de ciclón o de mal tiempo es muy activa”, especialmente considerando la proximidad de la temporada de huracanes, la cual se ha mostrado más activa en los últimos años.
Desajustes en la reconstrucción: sobrecostos y materiales de baja calidad
Un informe reciente de la Contraloría General de la República pone en evidencia serias deficiencias en el proceso de reconstrucción.
A pesar de que se ha entregado un número importante de viviendas a los damnificados, estas presentan graves problemas: sobrecostos, deficiencias estructurales y el uso de materiales de baja calidad, lo que pone en duda la eficacia de la inversión pública en la zona.
Las viviendas, que deberían haber servido como refugio seguro para las familias afectadas por el desastre, no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad y no parecen estar preparadas para resistir futuros eventos climáticos extremos.
Este informe refleja una creciente frustración entre los habitantes de Providencia, quienes consideran que las promesas de reconstrucción no han sido cumplidas de manera adecuada.
En particular, de las 2.542 viviendas dañadas por el huracán Iota y las 1.300 afectadas por el huracán Julia en 2022, los esfuerzos de reconstrucción parecen no haber sido suficientes para cubrir las necesidades reales de la comunidad.
El papel de la Gestión del Riesgo: recursos limitados y diálogos pendientes
En medio de las denuncias de los damnificados, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, intentó justificar los retrasos en la reconstrucción, señalando que estos se deben a la falta de asignación de recursos suficientes.
Según Carrillo, se han mantenido diálogos con el Ministerio de Hacienda para resolver esta situación, aunque admitió que la reducción en el presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo es un obstáculo para acelerar los procesos de recuperación.
“Si seguimos operando con los recursos actuales, que son apenas 650.000 millones de pesos, en dos meses nos quedaremos sin presupuesto. Además, hemos solicitado 500.000 millones de pesos para realizar un peritaje detallado de las viviendas reconstruidas y comenzar con un plan de reconstrucción de la reconstrucción”, señaló Carrillo.
Esta escasez de recursos, según el funcionario, pone en riesgo la capacidad del gobierno para afrontar futuras emergencias y garantizar la seguridad de los habitantes de Providencia.
Desviación de recursos y falta de ejecución
Entre marzo y diciembre de 2022, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó una asignación de 5.700 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas y la remoción de escombros. Sin embargo, las comunidades han denunciado que estos recursos no se han ejecutado de manera efectiva, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la isla. La percepción generalizada es que, a pesar de las declaraciones oficiales y la asignación de fondos, los avances materiales han sido mínimos o inexistentes.
A la falta de eficacia en el uso de los recursos se suma la preocupación por la remoción de escombros. En agosto de 2023, la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina inició un proceso de remoción de escombros en la isla, pero hasta la fecha no se han logrado avances significativos.
Pese a que la alcaldía comprometió un total de 35.000 millones de pesos para llevar a cabo esta tarea, los habitantes de la isla reportan que los trabajos han sido lentos y que la limpieza de los escombros sigue sin completarse, lo que afecta tanto la habitabilidad como la seguridad de las personas.
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