El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, relacionado con un caso de presunta manipulación de testigos, enfrentó un nuevo aplazamiento debido a la ausencia de su defensa principal y suplente, así como a inconvenientes técnicos en la sala virtual.
Según informó el despacho judicial encargado del caso, la audiencia programada para la mañana fue suspendida a las 9:53 a.m., tras constatarse que los abogados defensores no comparecieron y que se presentaron problemas con el enlace de conexión virtual.
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De acuerdo con las declaraciones de la jueza a cargo, la defensa de Uribe habría presentado una acción de tutela en contra del despacho, solicitando una medida cautelar que, según lo estipulado en el Decreto 2591 de 1991, artículo 7, podría implicar una medida provisional.
Sin embargo, la magistrada señaló que no existía certeza sobre si dicha medida sería aceptada o resuelta antes de las 2:00 p.m., lo que imposibilitaba continuar con el acto procesal en el horario previsto.
La jueza recordó que tanto los jueces como las partes involucradas tienen deberes específicos para garantizar la eficiencia y transparencia en la administración de justicia. Entre estas obligaciones, destacó la necesidad de evitar maniobras dilatorias y actos procesales inconducentes o impertinentes. Asimismo, subrayó que los intervinientes deben actuar con lealtad y buena fe, compareciendo puntualmente a las diligencias programadas.
En este contexto, la jueza explicó que los defensores de Uribe, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, habían sido notificados con suficiente antelación sobre la realización de los actos procesales. Incluso, el día anterior, Lombana solicitó la suspensión de la audiencia debido al agotamiento tras una extensa jornada que se extendió hasta las 5:20 p.m.
La magistrada accedió a esta petición, interrumpiendo la declaración inicial de la Fiscalía. Sin embargo, en la audiencia del día siguiente, ninguno de los defensores se presentó, lo que llevó a la suspensión del juicio.
Además de la ausencia de la defensa, la audiencia virtual enfrentó complicaciones técnicas. Según informó el despacho, se detectó que más de 150 personas intentaron ingresar al enlace de conexión, lo que generó preocupación por la seguridad y confidencialidad del proceso.
El senador Iván Cepeda, quien actúa como una de las presuntas víctimas en el caso, reconoció que la filtración del enlace fue un error involuntario de su equipo y ofreció disculpas públicas por el incidente.
Por otro lado, la jueza señaló que, al parecer, los proveedores de servicios de internet en la sede judicial de Paloquemao retiraron los equipos de la sala tras finalizar la jornada anterior, lo que dejó al despacho sin los recursos necesarios para continuar con la audiencia.
“... simplemente, para aclarar el episodio del enlace que por una equivocación involuntaria que debo reconocer ha sido mía, se filtró el enlace de esta audiencia, inmediatamente corregimos esa equivocación, pero debo reconocer que ha sido nuestra falta para que en eso no haya ninguna clase de dudas”, afirmó Iván Cepeda.
En aras de garantizar el derecho de defensa, la jueza otorgó un plazo de tres días a los abogados defensores para justificar su inasistencia. Dependiendo de la respuesta, el despacho evaluará la adopción de medidas disciplinarias o correccionales. Asimismo, se ordenó a la Defensoría Pública designar un abogado que pueda asumir la defensa de Uribe en caso de que los actuales representantes legales continúen sin presentarse o si el procesado no designa a otro defensor.
La magistrada enfatizó que estas decisiones buscan evitar mayores retrasos en el desarrollo del juicio oral y garantizar que el proceso avance de manera eficiente. Según lo programado, la próxima audiencia está prevista para el jueves a las 8:30 a.m.
Durante la audiencia, el expresidente Álvaro Uribe intervino para defender la actuación de sus abogados y negar que existan maniobras dilatorias en el proceso. Según Uribe, la acción de tutela presentada por su defensa responde a un debate constitucional sobre la falta de garantías en el juicio.
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