Una carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha puesto en el centro del debate internacional el caso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
Según informó W Radio, el documento, de tres páginas, detalla una serie de denuncias sobre supuestos intentos de manipulación de testigos y posibles conflictos de interés relacionados con el proceso judicial que enfrenta el exmandatario en Colombia.
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La misiva, elaborada por la defensa internacional de Uribe, liderada por el abogado Víctor Mosquera, expone dos puntos principales: por un lado, la presunta manipulación de testigos en una prisión estadounidense, y por otro, la posible relación entre un magistrado colombiano y proyectos financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia.
Estas acusaciones buscan que el Departamento de Estado de Estados Unidos investigue las circunstancias que, según la defensa, podrían haber comprometido la imparcialidad del proceso judicial.
Uno de los puntos más relevantes de la denuncia se centra en el testimonio del exparamilitar colombiano Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como alias Tuso Sierra.
Según el documento citado por el medio, Sierra habría declarado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia que el senador Iván Cepeda lo visitó en la prisión Washington Correctional Treatment Facility, en Estados Unidos, con el objetivo de persuadirlo para que testificara en contra de Uribe.
La defensa de Uribe considera que este tipo de acciones, de ser comprobadas, podrían constituir una grave interferencia en el proceso judicial. Por ello, solicitan que las autoridades estadounidenses investiguen si hubo irregularidades en las visitas realizadas a Sierra mientras cumplía su condena en territorio estadounidense.
El segundo eje de la denuncia apunta a un posible conflicto de interés relacionado con el magistrado colombiano César Augusto Reyes, quien ha tomado decisiones clave en el caso contra Uribe.
Según el documento citado por W Radio, Reyes habría trabajado como consultor en el programa “Acceso a la Justicia”, financiado por la Usaid con más de 5.2 millones de dólares. Este programa, según la defensa de Uribe, podría estar vinculado a la familia del senador Iván Cepeda, quien es considerado víctima en el proceso judicial.
La defensa del expresidente argumenta que esta conexión podría comprometer la imparcialidad del magistrado, dado que su participación en un proyecto financiado por una entidad extranjera podría generar dudas sobre su independencia en el manejo del caso.
Además, el documento insta a que se revisen los programas de cooperación de Usaid en Colombia para garantizar que no sean utilizados con fines políticos ni interfieran en la autonomía del sistema judicial colombiano.
Aplazamiento de audiencia y cuestionamientos a la jueza
Mientras la defensa del expresidente busca apoyo en EE. UU., en Colombia el proceso judicial enfrenta nuevas tensiones. La tercera audiencia programada para el martes 11 de febrero fue aplazada por decisión de la jueza Sandra Viviana Heredia, quien fijó una nueva fecha para el jueves 13 de febrero.
La jueza fundamentó su decisión en el artículo 139 de la Ley 906 de 2004, argumentando que la medida busca evitar posibles maniobras dilatorias por parte de la defensa del exmandatario.
El aplazamiento se produjo luego de que el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, no se presentara a la audiencia. Granados justificó su ausencia señalando que la imparcialidad de la jueza Heredia estaba comprometida, lo que, según él, afecta las garantías procesales de su cliente. Además, interpuso una acción de tutela alegando que se había vulnerado el derecho al debido proceso de Uribe, lo que motivó su decisión de no asistir a la sesión judicial.
Durante la audiencia, Granados afirmó que existían “razones y motivos” que ponían en duda la imparcialidad de la jueza, lo que ha generado un impacto negativo en las garantías procesales de Uribe. La acción de tutela presentada busca que se reconozca una presunta violación al debido proceso, un derecho fundamental consagrado en la Constitución colombiana.
La jueza Heredia, por su parte, citó el artículo 139 de la Ley 906 de 2004 para justificar el aplazamiento, señalando que la ausencia del abogado defensor y las acciones emprendidas por la defensa podrían interpretarse como maniobras dilatorias.
El caso de Álvaro Uribe Vélez sigue generando amplio interés público y mediático en Colombia y en el extranjero. Mientras su defensa busca respaldo en EE. UU., el proceso judicial en el país continúa enfrentando obstáculos y cuestionamientos.
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