La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó que Armando Benedetti deberá enfrentar un juicio por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade.
La decisión se toma en un momento de alta tensión dentro del Gobierno, luego de que su reciente nombramiento como jefe de despacho de la Presidencia desatara un fuerte rechazo entre varios altos funcionarios durante el Consejo de Ministros.
En marzo de 2024, el alto tribunal anunció que continuaría el proceso en su contra por el escándalo de Fonade, tras concluir que los hechos bajo investigación ocurrieron durante su ejercicio como congresista de la República.
De comprobarse su responsabilidad, el exsenador podría enfrentar una pena de prisión que oscila entre cinco años y seis meses hasta doce años.
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Todo comenzó entre 2016 y 2017, cuando aún pertenecía al partido de la U. Según denuncia del abogado Jaime Lombana, Armando Benedetti habría intervenido en la distribución de recursos mediante cupos indicativos.
En ese periodo, el excongresista supuestamente influyó en la asignación de contratos a través del entonces Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), beneficiando a ciertas regiones y empresas. Aunque el caso presenta similitudes con el escándalo de la Ungrd, se diferencian en la forma en que operaron los presuntos actos irregulares.
En cuanto a que es el caso Fonade, se trata de un escándalo de corrupción que involucra a varios políticos y funcionarios colombianos en la adjudicación irregular de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según la Fiscalía General de la Nación, se descubrió una organización criminal que, a través de falsedades y sin cumplir los requisitos legales, gestionaba la asignación de contratos a personas relacionadas con congresistas. Este esquema implicaba el pago de coimas a cambio de la mediación de los legisladores en la contratación estatal.
En su momento, las pesquisas revelaron la existencia de un acuerdo para distribuir $4.153 millones entre varios senadores, incluido Musa Besaile, lo que representaría el 25 % del valor del contrato en cuestión.
Entre los implicados se encuentran los exsenadores Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile, quienes fueron condenados por su participación en estas actividades ilícitas. En el caso de Elías quedó en libertad condicional en 2024.
Con respecto a la investigación contra Armando Benedetti se centra en el contrato 2017865, firmado el 1 de agosto de 2017. Según el expediente, el exsenador habría dado instrucciones a su asesora Elsy Pinzón Barrera, actualmente en juicio, para influir de manera irregular en la adjudicación del contrato ante Jorge Iván Henao.
Henao, quien ha testificado en los procesos contra Bernardo “Ñoño” Elías y Musa Besaile, incluyó a Benedetti en su matriz de colaboración. En varias declaraciones, afirmó que el excongresista intervino para que un contrato por 1.065 millones de pesos fuera asignado de manera directa a Certicámara.
Armando Benedetti irá a juicio por el delito de tráfico de influencias, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos financiados con recursos públicos administrados por Fonade. Además, se indaga si los excongresistas involucrados pactaron la distribución de cupos indicativos destinados a sus regiones, pero que, según las pesquisas, habrían sido utilizados para fortalecer sus estructuras políticas y aumentar su patrimonio.
Según el testimonio de Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade y testigo clave en la investigación, Armando Benedetti habría gestionado la asignación de un contrato por 1.000 millones de pesos a la empresa Certicámara. En caso de que se confirme su participación en estos hechos, el exsenador podría recibir una condena que va desde cinco años y seis meses hasta doce años de prisión.
En marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia decidió seguir adelante con la investigación contra Armando Benedetti por el caso Fonade, al establecer que los hechos ocurrieron mientras ejercía como congresista. Por esta razón, el alto tribunal asumió el proceso para determinar si existen méritos para aplicarle una medida de aseguramiento.
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